Lupa a recursos

*Para Chiapas y Oaxaca, seis mil 500 mdp

*ASF y SFP, vigilarán gasto para reconstruir

Palacio Legislativo de San Lázaro.- En los difíciles momentos que atraviesa el país, particularmente aquellas entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, la transparencia y la fiscalización de los recursos destinados a la reconstrucción deben convertirse en un firme compromiso de los funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

No solamente se trata de voluntad política y de discursos de solidaridad para con aquellos que lo perdieron todo, se requiere de una estricta vigilancia de la trayectoria y destino final de los dineros canalizados a la reparación de daños provocados por los movimientos telúricos.

Sin claridad en el ejercicio de los dineros reconstructivos resulta bastante difícil esperar que las acciones de gobierno en estos momentos de desastre, cumplan al cien por ciento con el sentido social y humano que representa auxiliar a la población damnificada.

Tanto la transparencia como la fiscalización y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos destinados al levantamiento de todo lo caído por los terremotos, son temas que ocupan la atención de la sociedad en general, en particular de aquellos sectores de la población mayormente afectados.

En estos momentos de crisis, el ejercicio transparente de los dineros provenientes del Fondo de Desastres Naturales representa uno de los mecanismos con los que la población afectada evaluará la labor de los tres niveles de gobierno.

En Chiapas se han dado muestras del compromiso del Gobierno del Estado con la transparencia y las cuentas claras, política que se impuso desde inicios de la administración, y que a raíz de los recientes sismos se convierte en la columna vertebral en el ejercicio de los recursos públicos destinados a la reconstrucción.

La entidad figura en primer lugar entre los estados de la República que rinden cuentas claras sobre la forma en que ejercen los recursos, no solamente en este caso de emergencia provocado por los sismos, sino en la aplicación de muchos otros programas de desarrollo social y obra pública.

No se puede permitir que en momentos de dolor y angustia de cientos de miles de mexicanos exista ausencia de transparencia y de clara fiscalización de los dineros que deben ser canalizados a la reparación de los desastres.

El costo de la reconstrucción, de acuerdo con cifras preliminares dadas a conocer por el presidente Peña Nieto, será de alrededor de 38 mil millones de pesos.

Tan sólo para Chiapas y Oaxaca se asignarán seis mil 500 millones de pesos en tarjetas electrónicas para reconstrucción de vivienda, y en los restantes estados, incluyendo la Ciudad de México, será de 10 mil millones de pesos, en una primera evaluación.

En el caso de los daños a la infraestructura educativa se estima en 13 mil millones de pesos, ya que en al menos seis entidades –incluida por supuesto Chiapas- se deberán reconstruir un total de 577 escuelas; además, alrededor de mil planteles sufrieron afectaciones parciales y 10 mil están reportadas con daños menores. El patrimonio cultural sufrió daños por ocho mil millones de pesos.

La exigencia ciudadana de hacer transparentes los programas, acciones y el destino del gasto público en la reconstrucción, representa un elemento clave para consolidar y dar credibilidad al quehacer gubernamental, a fin de que la sociedad crea firmemente en sus autoridades.

En esta línea, el gobernador Manuel Velasco Coello se comprometió a transparentar los recursos para la reconstrucción con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.

El mandatario Velasco Coello señaló que se le pondrá lupa al manejo de los fondos destinados a los damnificados del terremoto del pasado 7 de septiembre.

Para ello –dijo el gobernador- los titulares de las secretarías de la Contraloría y de Hacienda estatales, llevaron a cabo una reunión de trabajo con el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, y la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, para analizar esquemas de fiscalización que garanticen el uso transparente de cada peso de la reconstrucción.

El objetivo es darle certeza a los mexicanos que todos los recursos enviados a Chiapas llegarán a las familias que más lo necesitan, destacó Velasco.

“Un esquema de transparencia y de fiscalización nos permitirá ponerle lupa al uso de los fondos para los damnificados y evitar desvíos y poder castigar los malos manejos”, remarcó el gobernador.

Chiapas es la primera entidad del país afectada por los terremotos que impulsa un esfuerzo coordinado con los organismos fiscalizadores a nivel nacional, para dar transparencia en el ejercicio de los fondos destinados a la reconstrucción.

jesus.belmontt@gmail.com