Se estrenó como gobernador con una masacre de ocho campesinos en Carranza

II. La masacre

A cuatro meses de haber iniciado un gobierno que pasaría a la historia como el peor de todos los tiempos, Pablo Salazar Mendiguchía se estrenó en la titularidad del Poder Ejecutivo de Chiapas con una masacre en Carranza, una región porosa por conflictos agrarios históricos.

Ocho campesinos militantes de la organización priista Alianza San Bartolomé de los Llanos fueron acribillados a tiros por presuntos comuneros de la Casa del Pueblo.

Salazar, como lo hizo a lo largo de su sexenio, minimizó la tragedia y revictimizó a las víctimas de forma ruin y cobarde, excusa que utilizan autoridades despiadadas e inhumanas, cuyo reinado es la crueldad.

El viernes 20 de abril de 2001 al alba, hombres encapuchados usaron armas “cuernos de chivo”, AK-45 y R-15 para cometer una brutal masacre que enlutó no solo ocho hogares, sino a todo Chiapas.

El sangriento atentado se cometió a unos diez kilómetros de la comunidad Paraíso Grijalva, bastión de la Alianza San Bartolomé de los Llanos. Los hombres asesinados habían acudido a cercar un potrero.

El punto exacto fue en la zona conocida como Canalucum o Las Antenas. Silbando de alegría, entre el sonido rítmico de los grillos, doce campesinos transitaban el camino cuando fueron sorprendidos por los disparos.

Ocho cayeron muertos ahí mismo y cuatro que iban rezagados, entre ellos un niño, lograron huir escondiéndose en el monte, presas del terror.

Los cuerpos sin vida de Francisco Vázquez Ramírez, José Antonio Hernández Espinosa, José del Carmen Morales Ramírez, Juan Pérez Gómez, Manuel de Jesús Mendoza Gómez, Santiago Mendoza Hidalgo, Lucas Heredia Heredia y Manuel Morales Ramírez quedaron tendidos en plena vereda.

En un velorio colmado de llantos, impotencia y furia, deudos y militantes de la Alianza San Bartolomé de los Llanos expresaron la creciente ola de violencia en la región debido a la impunidad que ofrece el gobierno de Salazar.

Ante la apatía gubernamental, peritos de la PGR llegaron a Chiapas para realizar investigaciones y atraer el expediente.

Inhumano

Lejos de conmoverse ante el duelo y el dolor como lo haría cualquier persona con una pizca de bondad o humanitarismo, Pablo Salazar afirmaría, al mediodía de ese 20 de abril, que el multihomicidio fue una “ejecución”.

Y abrió la hipótesis de que pudo derivarse del tráfico de indocumentados o de droga. Eso indignó a los comuneros. En ese gobierno se instaló la violencia en Chiapas.

La víspera del 20, ante embajadores de América Latina y el Caribe, Salazar amenazó con lanzar la fuerza pública en todas las zonas agrarias de Chiapas, pero principalmente en Carranza y Chilón, exhibiendo el autoritarismo que vendría.

Salazar cumplió su advertencia y el campo, al igual que las ciudades, se sometieron al yugo institucional. El resultado fue tremebundo.

Fuerza policiaca

La Organización Campesina Emiliano Zapata, cuyo activismo fue clave para llevar al poder a Salazar, lo acusó de actuar como el más viejo régimen priista de usar la fuerza policiaca en lugar de dialogar.

El 25 de abril de 2001, el diputado Noel Rodas Vázquez, del PRD, señaló a Salazar y a su secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa González, de “intentar desvirtuar el origen del multihomicidio con el propósito de evadir su responsabilidad”.

Y denunció: “No le dieron la atención adecuada al caso, a pesar de haber sido alertados de lo que podría ocurrir. Dejaron que las cosas llegaran a su límite y se diera esta emboscada”.

Salazar tenía datos de inteligencia que señalaban como puntos rojos los municipios de Altamirano, Ángel Albino Corzo, Frontera Comalapa, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Simojovel, Venustiano Carranza, Yajalón, Nicolás Ruiz, La Concordia, entre muchos otros.

Salazar destruyó las mesas de negociación y minutas firmadas por el gobierno antecesor. La evidente falta de trabajo político e impunidad criminal desató la masacre de Carranza, como tantas otras desgracias que ocurrieron en la entidad durante ese gobierno y que se pudieron evitar.

Protestas

El diputado Rodas fue contundente al señalar: “La verdad me da pena y me causa lástima que el gobernador, en lugar de estar atendiendo este problema, ande promoviendo un estado que no esté en paz”.

“Ante esta omisión de autoridad, el gobernador Salazar Mendiguchía y el secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa González, deben hacerse acreedores a lo que establezca la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos”. Las muertes siguieron en todo el territorio.

Un par de meses después de aquella matanza, más de 20 mil campesinos, maestros y miembros de diferentes organizaciones sociales e indígenas marcharon y paralizaron Tuxtla para denunciar la represión de Pablo Salazar.

La policía estatal, fuertemente armada, solo esperaba una orden para actuar… luego vendría una feroz respuesta del tirano.