A las mexicanas y mexicanos: En México cada 17 de octubre conmemoramos el reconocimiento constitucional del derecho al voto de las mujeres. Desde que, en 1953, durante el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, se reconoció a nivel federal el derecho al sufragio universal y a ser elegidas a un cargo de representación popular han pasado 70 años.
Hecho que fue antecedido por el ejercicio de dicho derecho a nivel municipal en 1947, año en el que se consignó en el Diario Oficial de la Federación la participación de las mujeres como votantes y candidatas, por supuesto, sin soslayar que muchos años antes, la participación de las mujeres en la guerra de independencia, en la tercera transformación de la República y en los proyectos políticos posrevolucionarios fue clave, ya que sus aportaciones resultaron de fundamental importancia para derrocar a las dictaduras y poner en el centro del interés nacional al pueblo de México, particularmente a la clase campesina y obrera.
A pesar de sus importantes contribuciones y su incasable lucha por la justicia social, los derechos de las mujeres fueron escamoteados, pues una vez que entró en vigor la Constitución de 1917 pasaron 36 años para que su estatus de ciudadanas fuera reconocido, y 129 años desde que entró en vigor la primera Constitución Federal para que sus derechos civiles y políticos fueran consignados en la Ley Fundamental.
La brecha de desigualdad entre mujeres y hombres que persiste hasta nuestros días se construyó desde los prejuicios y conveniencias de la sociedad patriarcal y se cimentó en una deliberada omisión constitucional. Brecha que, aunque se ha ido haciendo menos profunda y angosta, sigue pareciendo interminable.
Desde luego que hemos tenido grandes avances tanto en la norma jurídica como en los hechos; sin embargo, para establecer la igualdad sustantiva y lograr un avance efectivo y democrático para todas las mujeres mexicanas debemos reconocer que la tarea que queda frente a nosotras es inconmensurable.
Los movimientos feministas, las Conferencias Mundiales, el establecimiento de las cuotas de género en la legislación electoral, las reformas constitucionales de 2014 y 2019, en materia de paridad y las realizadas en materia de violencia política en razón de género han posibilitado la presencia de más mujeres en los cargos de elección popular y en los de mayor jerarquía en los tres Poderes y niveles de gobierno.
Hace 7 décadas las mujeres éramos inexistentes en los espacios públicos de toma de decisiones, hoy 10 entidades federativas son gobernadas por una mujer; la paridad en las Cámaras del Congreso de la Unión es una realidad con 250 diputadas y 64 senadoras; en los Congresos locales tenemos 606 diputadas, lo que equivale a 54.5 de la representación y 522 alcaldesas, es decir una presencia de 25 % en los Ayuntamientos; y la paridad es una realidad en el gabinete federal, y muy pronto lo será también en los Órganos Autónomos del Estado. El próximo año por primera vez en la historia nacional tendremos una presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
La realidad actual avizora un futuro alentador para las mujeres. 2024 será un parteaguas para la democracia y el desarrollo de México. Estoy convencida de que la mirada, la sensibilidad y las maneras de hacer política serán inéditas, al igual que lo serán las acciones que se van a instrumentar a fin de que en todos los espacios públicos y privados las mujeres accedan a nuevas y mejores oportunidades que les permitan empoderarse, ser verdaderamente autónomas, tener un empleo digno y bien remunerado, gozar de los beneficios del desarrollo, permanecer con éxito en todos los niveles educativos, decidir sobre su cuerpo, cuidar su salud física y emocional, desarrollar plenamente sus capacidades y dejar atrás el miedo.
Es importante continuar en pie de lucha por nosotras y por otras mujeres.