Toda la atención mediática del pasado miércoles se centró en la selección del precandidato de Morena y el desencuentro de Marcelo Ebrard con la directiva de su partido por irregularidades en la encuesta.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha despenalizado el aborto a nivel nacional y esto debe llevarnos a profundas reflexiones jurídicas y también de índole moral. La costumbre nos ha llevado a visualizar esta grave problemática desde una visión simplista que no resuelve, pero sí castiga a la mujer, incluso con cárcel.
Despenalizar no debe significar legalizar. Despenalizar significa que el aborto no deberá castigarse con cárcel y, por tanto, el ámbito de esta resolución es jurídico. Legalizar, en cambio, tiene connotaciones morales que pueden considerarse como una política pública del ámbito de la salud pública.
En el fondo, el aborto no pretende —en la mayoría de los casos— cancelar una vida humana. Mas bien es la respuesta de crisis a un embarazo no deseado. El reto consiste en combatir el embarazo no deseado, el cual puede tener múltiples orígenes. Entre ellos se puede identificar el abuso masculino sobre una mujer, el abandono, la irresponsabilidad sexual, la ignorancia que se da en grupos vulnerables y en gente excesivamente joven e inmadura e incapaz de asumir responsabilidades. Además otras circunstancias más que pueden detonar la fecundación no deseada.
El embarazo en adolescentes es un grave problema de salud pública con connotación social, pues impacta la vida futura de estos. El aborto surge como una posibilidad de solución cuando la crisis emocional se apodera de una mujer que sorpresivamente se convierte en madre y se encuentra sola, sin el apoyo del hombre con quien engendró el hijo.
Más que señalar con el dedo flamígero del fariseo a quien queda en posición vulnerable y entra en crisis, se hace urgente crear políticas públicas para evitar el embarazo no deseado y así apoyar a la mujer que ha engendrado un hijo sin desearlo, para que la opción del aborto no pase por su mente.
Buscando el origen de esta criminalización social de la mujer que aborta, debemos aceptar que es un último resabio de un mundo machista, caracterizado por el abuso del hombre en contra de la mujer.
Por lo tanto, una de las formas de evitar los embarazos no deseados es la educación sexual, por una parte; y por otra, corresponsabilizar al padre biológico al mismo nivel que a la madre, y asignarle los mismos deberes, aunque no exista una relación formal de pareja entre los padres.
La corresponsabilidad jurídica del padre generará una obligatoriedad que fortalecerá el sentido de responsabilidad para con el embrión que está en el seno materno.
El compromiso y la obligatoriedad paterna de participar en el mantenimiento y educación del hijo hasta que sea mayor de edad, seguramente impactará disminuyendo los embarazos no deseados, a partir de una conciencia de responsabilidad sexual.
Desde la perspectiva de la “salud pública”, el embarazo no deseado se puede evitar a través de campañas públicas educativas. Un buen sistema de adopciones también puede disminuir los abortos cuando el embarazo no deseado ya existe.
Solo para identificar el impacto demoledor de la judicialización del aborto, tenemos que reconocer que las mujeres que están en la cárcel son las pobres o ignorantes, que por su posición vulnerable no pudieron pagar un abogado.
En cambio, las “hijas de familia” jamás llegan a ser encarceladas. Esto significa una injusticia social.
Es la labor preventiva la que puede evitar los abortos, generando políticas públicas que desestimulen los embarazos no deseados y además, legislar para generar corresponsabilidad total para el padre biológico. Es con una visión humanista y no persecutoria, como se debe enfocar este tema. ¿A usted qué le parece?