Ayuntamientos en bancarrota
Tapachula, la segunda ciudad en importancia de Chiapas, con cerca de un millón de habitantes, enfrenta en 2015 la peor crisis económica financiera de su historia, al enfrentar la nueva Administración municipal, deudas a proveedores de servicios por más de 600 millones de pesos.
La capital estatal, Tuxtla Gutiérrez, se pone como el peor ejemplo, con pendientes de pago por más de 800 millones de pesos, al igual que los otros 120 nuevos alcaldes que jamás se imaginaron lo que encontrarían en las instalaciones gubernamentales, donde de entrada se han topado con el saqueo de equipos de cómputo y archivos, para no dejar huella de los malos manejos de quienes después de tres años han volado a otros nidos, en buen número de ellos con blindaje legislativo local y federal.
En la ciudad más importante de la Frontera Sur, limítrofe con Centroamérica, la gravedad es tal que el dueño del inmueble que alojaba las oficinas, consultorios, quirófanos, equipos médicos y medicinas de la Secretaría de Salud del municipio, demandó por incumplimiento al Ayuntamiento, logrando de la autoridad judicial, la ejecución de una orden de desalojo, lo cual ocurrió de manera vergonzosa este lunes 5 de octubre, al comprobarse que el entonces edil y ahora diputado federal por el XII Distrito, Samuel Alexis Chacón Morales, por más de un año dejó de cumplir con el contrato de arrendamiento.
Hasta las instalaciones de lo que hasta no hace mucho fue el sanatorio Soconusco, de emergencia arribaron camiones contratados por la municipalidad, para cargar y trasladar la mudanza, sin aviso de por medio, al edificio que destina el 75 por ciento de su espacio de dos plantas a la Casa de la Cultura Municipal y el 25 por ciento a la Casa de Cultura del Consejo Estatal para las culturas y las Arte de Chiapas (CONECULTA).
Y sin más, se posesionaron de la parte baja del inmueble, echando al piso superior a la instancia cultural local, creando una situación de hacinamiento con la correspondiente al gobierno del estado.
Los nuevos inquilinos responsables del otorgamiento de los servicios de salud para los trabajadores del ayuntamiento, se encontrarían con la sorpresa de que su nuevo hábitat carece de energía eléctrica, pues el servicio fue suspendido por la Comisión Federal de Electricidad, por un adeudo de la Alcaldía, de los últimos seis meses, además de enfrentar un severo problema de insalubridad por el corte de suministro de agua potable por parte de la dependencia municipal responsable, al no cubrirse las cuotas de más de un año.
Todo un caos, pues todos aquellos insumos medicinales que requieren de refrigeración, que incluyen vacunas de todo tipo, fueron trasladados de inmediato a lugares más seguros, para evitar su afectación. A la mitad de la semana, el lugar no cuenta ni con agua, como tampoco con el suministro eléctrico.
Una Secretaría de Salud desmantelada y reducida al mínimo, provocando creciente inconformidad de los empleados municipales sindicalizados, que ya amenazan con salir a las calles para manifestar su inconformidad y exigir el servicio que les corresponde en estricto apego al contrato colectivo de trabajo pactado con la autoridad local.
Clima de incertidumbre entre quienes ingresaron a la nómina de la municipalidad con salarios bajos, pero con compensaciones económicas altas, porque están conscientes de que tendrán que ceder sus lugares a aquellos que sirvieron en la campaña del candidato de la alianza de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, Neftalí del Toro Guzmán, ganador de la contienda electoral del pasado 19 de julio.
Lo saben, como también que para echarlos tendrán que liquidarlos, porque no están dispuestos a renunciar, con lo cual se avecina un conflicto más para el nuevo mando de la “Perla de Soconusco”, que se sumará a las demandas con costos millonarios elevados, heredadas por su antecesor Samuel Alexis Chacón Morales, que ya publicita su nombramiento como secretario de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, de la Cámara de Diputados, adelantando que “seguiré buscando los mejores beneficios para los habitantes de los municipios de mi Distrito, como lo hice ampliamente con mi responsabilidad al frente de Tapachula”.
Un Neftalí del Toro Guzmán, que sabe bien de estos menesteres de crisis cíclicas de cada tres años de los ayuntamientos, pues en dos ocasiones ha sido líder del Congreso estatal, la primera en el principio y la segunda al final del sexenio de Juan Sabines Guerrero, llevando la batuta para la aprobación de las cuentas públicas de los ediles de toda la entidad.
En su segundo período, iniciado en octubre de 2012, cuando faltaban dos meses para la culminación del mandato endeudador por más de 20 mil millones de pesos con la banca oficial y otra cantidad similar con proveedores, el recién estrenado alcalde tapachulteco alternó como militante del PRI, la dirigencia del Poder Legislativo chiapaneco, con el ahora alcalde de la capital, el dirigente del PVEM, Fernando Castellanos Cal y Mayor.
Para ellos, en consecuencia, esta problemática de endeudamientos no es nueva, pues la vivieron desde la cómoda perspectiva de una curul con Sabines Guerrero, pero no de manera directa como ahora la enfrentan, para allegarse de recursos que les permitan salir adelante con los compromisos que por ley tienen que asumir como propios, aunque sean producto de la irresponsabilidad y manejos poco transparentes de sus antecesores.
Es así, como a partir del siguiente día de su toma de posesión el jueves 1 de octubre, ambos han acudido a tocar la puerta del despacho del gobernador Manuel Velasco Coello, para solicitar con carácter de urgente el apoyo de un presupuesto extraordinario de su Administración, para evitar que Tuxtla Gutiérrez y Tapachula se colapsen más por la carencia absoluta de recursos financieros, ya no solamente para pagar salarios de los últimos tres meses, sino los aguinaldos, las deudas con proveedores, los fuertes intereses y abono de capital de los créditos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).
Obras inconclusas y de mala calidad en Tuxtla Gutiérrez, durante la gestión de Samuel Toledo Córdova, en el llamado Centro Histórico, el boulevard Belisario Domínguez y otras áreas urbanas importantes, que en la actual temporada de lluvias demostraron su ineficacia al generarse graves inundaciones que causaron severos daños económicos especialmente a centros comerciales, algunos de ellos de origen transnacional.
No obstante las constantes denuncias públicas por supuestos actos de corrupción del edil tuxtleco, originario de Cintalapa, se mantuvo intocable e impune hasta el último día de su mandato, atribuyéndose su condición al haber sido uno de los personajes de todas las confianzas del ex gobernador Juan Sabines Guerrero, quien lo mismo lo designó secretario de Finanzas, que del Trabajo, de Economía, de la Función Pública y de Desarrollo Social, para finalmente imponerlo como alcalde de la ciudad más importante de Chiapas.
Hoy, Fernando Castellanos Cal y Mayor, enfrenta el peso de una deuda a todas luces impagable, porque no tiene con qué y por lo mismo aguarda con impaciencia la disposición del Ejecutivo estatal, para salir adelante con prontitud, consciente de que aún con el aval de su triunfo electoral cuestionado y finalmente legitimado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), su posición como alcalde puede ser blanco de ataques políticos, si retrasa la atención y solución de los problemas más urgentes de la municipalidad, ahora bajo su responsabilidad.
Tapachula está bajo la misma tesitura, pues Nefatlí del Toro igualmente fue impugnado en su triunfo, por el partido de Andrés Manuel López Obrador, que finalmente fue rechazado por el tribunal electoral federal, lo cual permitió que asumiera el mando municipal hace una semana.
Aquí, fue un secreto a voces la traición del antecesor Samuel Alexis Chacón Morales, al PRI como al PVEM, y a su candidato Del Toro Guzmán, al apoyar con gente incondicional y recursos del ayuntamiento municipal, a la oposición, con el propósito de evitar la llegada de su “correligionario”, con quien mantiene serias diferencias.
Por ello, no se descarta que el “Torito”, como se conoce popularmente al nuevo edil, cobre al diputado federal las facturas pendientes, que son cada vez más viables dada la no transparencia en el manejo de los recurso públicos, realizados en los casi tres años, cuya etapa final delegó en su operador Venerando Díaz Martínez, a quien impuso como interino, violando la ley.
Muchos errores evidencian el mal uso de los dineros del pueblo por parte del ahora legislador federal que se siente protegido por el cargo de representación que ostenta y que asegura le dará impunidad mientras se calman las aguas, pero se olvida que en tiempos de Jorge Díaz Serrano, quien después de ser director de Petróleos Mexicanos, era ya senador de la República, lo cual no fue suficiente para ser desaforado y encarcelado por multimillonarios fraudes en la compra de barcos para la paraestatal.
Grandes y múltiples cuentas millonarias del presupuesto municipal de la ciudad más importante dela Frontera Sur, que siguen pendientes de comprobar y que inexplicablemente no fueron impedimento para que el ex alcalde contendiera por una curul que ya ocupa ilegalmente en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Fraudes cometidos con los constructores de Tapachula, para llevar a cabo el “segundo par vial”, mediante “contratos de palabra” que finalmente no reconoció y que ha implicado el endeudamiento con la banca privada y consecuente ruina de los empresarios, al pedirles que financiaran la obra y que en menos de dos semanas les pagaría, lo cual nunca ocurrió.
Desesperación que ha llevado a los afectados a llevar a cabo inicialmente inconformidades por escrito, hasta
llegar a los extremos de paralizar la ciudad al bloquear en las semanas recientes las principales arterias, generando un caos vial de más de 10 horas, que obligó la intervención del gobierno estatal para negociar con los insurrectos.
Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, si bien es cierto son únicamente dos de los 122 municipios de Chiapas, su peso en el ámbito estatal es por demás importante, lo que obliga a atender la solución de sus problemas más urgentes, a los que por supuesto, como cascada, seguirán las del resto de la vasta y complicada geografía.
Hay voluntad política y ello da certeza a la continuación de los objetivos trazados hasta ahora, para superar las adversidades del presente, como ya ocurre con el respaldo del Gobierno de la República.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013
Premio al Mérito Periodístico 2015, del Senado de la República