¿Toma planeada en San Cristóbal?

Sin que se pueda precisar cuál es el fondo ni cuál el fin, la toma del edificio donde ahora tiene la sede la alcaldía de San Cristóbal parece un acto planeado por las autoridades municipales.

Por un lado, da la impresión de que se busca tender una cortina de humo por el escándalo derivado de la ilegal aprobación –por segunda ocasión- del reglamento interno del ayuntamiento, para dar cumplimiento a la resolución del juez de distrito de Amparo, José del Carmen Constantino Avendaño, que ordenó reponer el proceso, lo que no ocurrió en los términos del fallo.

Como lo hizo la primera vez en febrero del año pasado, el alcalde Marco Antonio Cancino González se valió de la complicidad de la síndica Linda Higuera Gutiérrez –esposa del diputado Hugo Pérez Moreno- y de los regidores incondicionales –no es de gratis, claro- para aprobar nuevamente el documento violando disposiciones legales, pues la sesión fue convocada apenas dos horas antes y no con el tiempo de anticipación que marca la Ley Orgánica Municipal; no se notificó por escrito a los regidores y no hubo discusión, entre otras faltas.

Con los cambios mínimos que se le hicieron al nuevo reglamento (se amplió de 5 a 7 minutos la participación de los ciudadanos, por ejemplo), el ayuntamiento desacató la resolución del juez Constantino Avendaño, según el abogado Miguel Ángel de los Santos, por lo que habrá que esperar el siguiente paso jurídico de la regidora Jerónima Toledo Villalobos que obtuvo el amparo del juez. Los abogados saben bien lo que implica el desacato de la orden de un juez, que puede llegar hasta el desafuero.

Por cierto, en el nuevo reglamento se establece que el alcalde podrá suspender las sesiones del cabildo unilateralmente sin votación de por medio cuando así lo considere necesario porque no le guste la exposición de los ciudadanos que acudan a las sesiones, además de que se aprobó que dicha sesiones podrán llevarse  a cabo en colonias o comunidades, algo poco funcional y práctico, más que para cuestiones mediáticas.

Sólo los regidores de Morena, Jerónima Toledo Villalobos y Carlos Herrera Hernández, votaron en contra del nuevo reglamento, además de Alejandra García, de Chiapas Unido, quien sospechosamente en las semanas recientes ha girado su posición y se ha vuelto oposición del alcalde, quien sabe con qué intereses.

Por otro lado, para el miércoles en que fue tomado el nuevo edificio donde está la alcaldía, en el sur de la ciudad, estaba programada una marcha y una protesta frente al inmueble por habitantes de la Colonia Maya, entre otros grupos, que reclamarían la falta de cumplimiento de compromisos adquiridos por Cancino González.

Lo que llamó la atención es que cuando estos grupos llegaron, los integrantes de la ONPP ya habían tomado el edificio y dejado en su interior a uno 60 empleados, la mayoría del Sindicato que encabeza Domingo Ruiz Oseguera.

Las demandas de este grupo no tienen que ver con el municipio, salvo la del caso de siete carretilleros expulsados del Mercado Popular del Sur hace dos años, por lo que algunas personas han interpretado que así como en su momento el alcalde utilizó a Narciso Ruiz Sántiz, dirigente de la Almetrach, ahora lo hace con la ONPP, debido a que este líder chamula que tenía mucho control en los mercados, está muy “quemado” y por el momento su organización no le sirve como grupo de choque.

Otro elemento a considerar: Cancino González había informado que para este miércoles –el día en que fue tomado el edificio- se realizaría una sesión pública del cabildo, demanda ciudadana cada vez más creciente, pero resulta que debido a la toma -¿planeada?- uno a uno “sus” regidores fueron sospechosamente solicitando permiso para no asistir, por lo que la reunión se canceló.

Cuando algunos grupos que se habían unido inicialmente a la ONPP para protestar frente al edificio se dieron cuenta de que las autoridades municipales habían planeado la toma, se retiraron, por lo que sólo se quedaron los miembros de la ONPP que no permitían la salida de los trabajadores, cuyas familias estaban preocupadas porque habían pasado muchas horas retenidos. A las 23:30 horas del miércoles salieron las últimas 37 personas (34 trabajadores y tres ciudadanos que presuntamente habían acudido a realizar algún trámite). El colmo: Todavía tuvieron que agradecer a sus captores que los hayan dejado salir después de más de 12 horas.

En todo este escenario cabe otra posibilidad: Que algún enemigo político le haya armado el teatro a Cancino González, pues se sabe que en las altas esferas estatales no están tan satisfechos con su desempeño como alcalde, pues ha cometido muchos errores.

Mientras se devela el enigma de esta extraña toma de la Unidad Administrativa Municipal, otros grupos inconformes con el trabajo de Cancino González preparan protestas (genuinas) para los próximos días, con la finalidad de exigir su renuncia. A ver si no se les adelanta la ONPP como el miércoles.

Crisis en Salud

La crisis en la Secretaría de Salud de Chiapas tiene explicaciones lógicas. ¿Por qué los adeudos que cada vez menos puede pagar? Una de las causas es que el anterior titular, Francisco Javier Paniagua Morgan, contrató a cientos o tal vez miles de nuevos empleados administrativos –en muchos caso innecesarios-, sobre para la Jurisdicción de Comitán, con la presunta finalidad de crear una red que trabajará en las elecciones del próximo año para beneficiar a algún candidato. Como es lógico, esto creó un desajuste en el presupuesto y la dependencia tiene cada vez menos dinero para pagar. Pero hay algo más: la sustracción constante de medicamentos de los hospitales por no pocos empleados, que se llevan anestesia, reactivos o antibióticos, muchos de los cuales son caros. Muchos médicos y químicos tienen sus consultorios y laboratorios particulares, y se les hace fácil surtirse en los hospitales públicos en los que laboran. Mientras no haya un control estricto de los jefes, difícilmente podrá pararse esta situación y continuará la escasez de medicamentos, a lo que desde luego contribuye la propia Secretaría de Salud con su política. Fin.