¿Seguirán los diezmos?

Conforme transcurren las semanas y los meses de este nuevo año, las autoridades y comunidades de diferentes municipios de Chiapas han comenzado a exigir la construcción de obras de beneficio social o de plano la entrega del dinero en efectivo.

Cuando menos en los municipios indígenas, la situación relativa a la construcción de obras públicas ya no es como antes que el gobierno, en cualquiera de sus tres niveles, se encargaba de su edificación.

Desde hace varios años en algunos municipios indígenas, y cada vez más en algunos con población mestiza, las comunidades y colonias exigen que las autoridades les trasladen la responsabilidad de buscar sus propias constructoras para que edifiquen las obras y se queden con el diezmo, que a veces llega a ser hasta del 20 por ciento o incluso más.

Esto ha ocasionado conflictos en algunos casos debido a que, como es lógico, el alcalde en turno deja de ganar muchos millones de pesos porque desde hace algún tiempo el verdadero negocio de los servidores públicos -alcaldes, gobernadores y el presidente de la República, entre otros- está precisamente en la construcción de las obras públicas, que por lo general queda entre amigos y familiares.

Los líderes de las comunidades y de las colonias ya aprendieron también que en las obras está una mina de oro y por ello ahora exigen que se las den directamente para quedarse con una buena cantidad de dinero sin trabajar. Seguramente su lógica es que si los alcaldes bandidos se quedan con una lana, ¿por qué ellos no los van a emular?

A ellos, como a los presidentes municipales, no les importa la calidad de las construcciones, sino que les quede el diezmo y por eso muchas obras son de mala calidad.

Es increíble como a las autoridades y líderes les parezca normal cobrar el diezmo en cada construcción, cuando lo justo sería que todo el dinero destinado para una obra de beneficio social se utilice para lo que fue aprobado, pero no, se ha vuelto un negocio de quienes están en el poder.

En campaña y al tomar posesión, autoridades estatales y municipales en algunos casos hicieron el compromiso de suprimir el diezmo, pero parece que no ha sido posible y en cada ayuntamiento se cobra religiosamente como antes o se cobrará en caso de que todavía no haya iniciado la construcción.

Algunos tratan de disfrazar el cobro, pero en la mayoría de los casos, las cosas están descaradas, pues lo único que hacen es buscar prestanombres de sus propias constructoras o para cobrar.

Es todo un entramado de complicidades que lo que provoca es que unos cuantos se hagan ricos de la noche a la mañana y que las obras sean cada vez de peor calidad.

Por eso el dinero público no rinde como debería si una gran parte se va en los famosos diezmos y en otras transas de los gobernantes. Uno esperaría que el nuevo gobierno federal que tanto pregona el combate a la corrupción, intervenga en cada caso y que de una vez por todas se comience con una nueva cultura de cuidar el dinero que proviene de los impuestos de todos.

En algunos municipios como Zinacantán y El Bosque, la situación es todavía peor porque ahora las comunidades ya exigen la entrega del dinero en efectivo, que puede llegar a 2 mil, 3 mil o más pesos por familia.

¿A quién le beneficia que los recursos se entreguen en efectivo si en dos o tres días ya se los acabaron sin obtener más que un pequeño provecho? Muchas veces se los gastan en bebidas embriagantes. Al entregar el dinero directamente, se frena el desarrollo, pues no se construyen obras de beneficio social que tanta falta hacen.

Volvemos a lo mismo: Las cosas han derivado hasta este punto por la corrupción de muchos alcaldes que impunemente se quedan con millonarios recursos y la gente se da cuenta de todo ello.

Sólo una política anticorrupción vertical, de verdad y desde el más alto poder federal puede frenar este tipo de cosas que se han hecho comunes cada vez más.

Todos los alcaldes hicieron ya los amarres necesarios para cobrar el diezmo, del que también se benefician los síndicos y regidores para que nada digan y aprueben todo lo que haya que aprobar y no se generen conflictos internos. Claro, esto no es nuevo, viene desde hace muchos años, y si ninguna autoridad pone un freno seguirá por los siglos de los siglos.

Ojalá que la llamada Cuarta Transformación sea realmente lo que se propone y que el mar de corrupciones en que navegan los diezmos, desaparezca para beneficio de la población en general.

Hablando de este tipo de cuestiones, ha trascendido que la Auditoría Superior de la Federación realizará auditorías a anteriores administraciones de algunos de los municipios más importantes de Chiapas como San Cristóbal, Comitán, Tapachula y otros.

Dicen que por ello, los exalcaldes de esos lugares están muy nerviosos porque además, las instrucción de llegar a fondo. Ello significa que de nada podrían servirle los padrinos políticos que algunos tienen con la esperanza de que los defiendan en estos y otros casos.

En caso de que se llegue a fondo, algunas personas piensan que lo ideal sería que si a algún expresidente se le encuentra responsabilidad sea encarcelado para que sirve de escarmiento y que los que están en funciones pongan sus barbas a remojar.

Otras personas opinen que sería preferible que se les obligara a devolver el dinero que es lo que finalmente importa, ya que algunos estarían dispuestos a ir a la cárcel algún tiempo, con tal de conservar los millones que se robaron en tres años. Justo esto es lo que decía y pensaba un expresidente de Tenejapa, que por lo menos dos veces estuvo preso por malversación de fondos públicos. “Si me voy a quedar con el dinero, estoy dispuesto a estar en el bote un tiempo”, cuentan algunos de sus conocidos, quienes aseguran que ahora hasta en Cancún tiene propiedades.