El Comité sobre las Desapariciones Forzadas justificó su decisión de elevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, señalando que se trata de un mecanismo excepcional utilizado por primera vez y activado tras recibir información creíble sobre desapariciones cometidas de forma generalizada. La medida fue tomada por consenso y no prejuzga los pasos siguientes del procedimiento contemplado en el artículo 34 de la Convención.
El organismo aclaró que las desapariciones forzadas contempladas por el tratado incluyen tanto a actores estatales como a grupos del crimen organizado, como es el caso en México. También respondió a las críticas del gobierno mexicano, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que el objetivo sigue siendo mantener un diálogo constructivo y una cooperación continua con el país.