Una corte civil de Miami sentenció al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar 2,488 millones de dólares por su participación en un esquema de contrataciones ilegales con recursos públicos mexicanos. La jueza Lisa Walsh determinó que García Luna debe restituir 748 millones de dólares, mientras que su esposa deberá pagar 1,740 millones, al considerar que fue pieza clave en la transferencia y ocultamiento de activos obtenidos mediante contratos ilícitos con entidades de seguridad pública.
El gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acusó a García Luna de favorecer a la familia Weinberg con al menos 30 contratos ilegales que permitieron desviar más de 634 millones de dólares hacia el extranjero. Estos fondos fueron triangulados mediante paraísos fiscales y utilizados para adquirir propiedades en Florida. La demanda incluyó el aseguramiento de 28 inmuebles, de los cuales 18 ya fueron vendidos. Ninguno de los acusados compareció al proceso, lo que llevó a la corte a fallar en su contra por omisión.
