La Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra del gobierno mexicano al concluir que no puede demandar a fabricantes de armas por su presunta responsabilidad en el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano. El caso, presentado inicialmente en una corte federal de Boston y retomado tras una apelación, señalaba a empresas como Glock, Smith & Wesson y Barrett por facilitar, mediante prácticas negligentes, el flujo de armas que terminan en manos de cárteles. Sin embargo, el tribunal determinó que no hay fundamentos plausibles que demuestren complicidad directa de los fabricantes en dichas actividades ilícitas.
El fallo se basa en la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), que protege a las compañías del sector de demandas civiles, salvo en casos donde se pruebe una implicación directa en actividades ilegales. La jueza Elena Kagan, quien encabezó la decisión, subrayó que el hecho de que los cárteles utilicen estas armas no es suficiente para responsabilizar a las empresas. Esta resolución marca un revés importante para los esfuerzos diplomáticos de México, que ha exigido mayor control sobre el comercio de armas como parte de sus negociaciones bilaterales con Estados Unidos.
