El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, reveló que un criadero de cerdos operaba junto al crematorio clandestino donde fueron hallados 383 cuerpos en estado de putrefacción, lo que habría ayudado a disimular el olor durante años. El establecimiento cobraba por servicios de cremación que nunca realizaba, almacenando los cadáveres en cuartos cerrados y entregando a los familiares supuestas cenizas sin relación con los difuntos.
El caso, calificado como extraordinario por la fiscalía, ya generó procesos judiciales contra el dueño del crematorio y un empleado, y motivó a la gobernadora Maru Campos a ordenar una investigación a fondo. Seis funerarias estarían implicadas al subcontratar los servicios del crematorio. Las autoridades enfrentan ahora el reto de actualizar el marco legal para abordar delitos de esta naturaleza y garantizar un trato digno a los cuerpos encontrados.
