Las universidades públicas de Texas deberán identificar y reclasificar como no residentes a los estudiantes indocumentados que se beneficiaban de la matrícula reducida estatal, según una instrucción del comisionado de Educación Superior, Wynn Rosser. A partir del semestre de otoño de 2025, estos estudiantes deberán pagar la tarifa completa de no residentes, luego de que un juez federal invalidara la ley conocida como Texas Dream Act, aprobada en 2001, que permitía a jóvenes sin estatus legal acceder a tarifas preferenciales si habían cursado la secundaria en el estado.
El fallo responde a una demanda del Departamento de Justicia, que argumentó que otorgar tarifas locales a estudiantes extranjeros representaba una discriminación inconstitucional contra ciudadanos estadounidenses. Se estima que la medida afectará a cerca de 73 mil jóvenes en Texas, parte de un universo de más de 400 mil estudiantes indocumentados en universidades públicas de Estados Unidos, según datos del Higher Ed Immigration Portal. La decisión representa un duro golpe a las oportunidades educativas de miles de jóvenes que crecieron y estudiaron en Texas.