n Adolfo Abosaid / CP
Aunque el gobierno federal tiene presupuestado 41 mil millones de pesos para los jóvenes en nuestro país, también se han ordenado auditorías a la administración pasada que estuvo en el Instituto Mexicano de la Juventud (Injuve), debido a las anomalías que se detectaron, puntualizó el actual director general, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez.
Al llegar a la dependencia, explicó, encontraron de todo: cosas que no existían, así como espacios “fantasmas”, como el proyecto de Centros Poder Joven.
Precisó que recibieron 400 espacios pero, al hacer la revisión, solamente habían 300 y muchos en malas condiciones. “Cuando un alcalde se iba, firmaban una acta de robo total y se llevaban todo por completo, no dejaban ni los cables”.
Ahora, puntualizó el funcionario federal, lo que se buscando es crear un marco de legalidad, para que cada peso que se destine en los proyectos llegue a los jóvenes.
“El presupuesto que ha hecho el presidente, como nunca en la historia, se están apoyando a las y los jóvenes del país” con la entrega de becas y proyectos, aseguró.
Comentó que tienen previsto la implementación de cuatro programas: “Jóvenes por la Transformación, Brigadas de Norte a Sur”, para que las personas se involucren en la reconstrucción del tejido social de las comunidades, mediante la prevención de adicciones.
Laboratorio de Habilidades Digitales, es el segundo proyecto de la institución y consiste en capacitar a jóvenes de todo el país, para que cuenten con herramientas tecnológicas, para mejorar sus empleos y profundizar más sus derechos.
Se le suma Centros Territorio Joven, que son espacios físicos que se abrirán, para que los jóvenes cuenten con servicios para que sean atendidos; la cuarta estrategia, se relaciona con la Red Nacional de Radio y Televisión, Dilo fuerte; lo que se busca, es que los jóvenes se interesen por los medios de comunicación.
Finalmente, el funcionario federal detalló que al interior del Instituto hay un proceso, para saber en que se gastaron los recursos y existe un acompañamiento a las entidades, para que se tenga cero tolerancia a la corrupción pero otras autoridades tienen que hacer su trabajo.