De acuerdo a la Coordinadora Nacional Agua Para Todos, Agua para la Vida, hoy día 41 millones de mexicanos no cuentan con un servicio regular de agua potable, y de estos, 10 millones padecen una carencia total de acceso a servicios de agua y saneamiento en sus ciudades.
Lo anterior aun en el contexto de la pandemia, de la que recalcan especialistas que las medidas de higiene indispensables para prevenir la propagación del Covid-19 exigen una hidratación adecuada, lavado de manos frecuente, lavar alimentos, desinfectar áreas de riesgo, así como contar con servicios de agua y saneamiento adecuados en las clínicas.
Mencionan que en las zonas más pobladas del país la única manera de obtener agua es comprarla embotellada o en pipas. El procedimiento que siguen los productores y las instancias locales de gobierno se da a partir de un mecanismo de compra y venta de derechos, más allá de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano.
Lamentablemente en esas comunidades, además de la urgencia presentada por la pandemia, siguen presentándose decenas de miles de muertes anuales por deshidratación de niños de un año de edad, debido a enfermedades diarreicas de corta evolución.
Esto es fácilmente prevenible, a partir de una nueva legislación. Los miembros del movimiento han diseñado e implementado iniciativas de autogestión con éxito a nivel local y de pequeños a medio alcance. También han colaborado en la construcción de instancias locales de gestión de cuenca y el desarrollo de planes hídricos.
Sin embargo, han encontrado en la Ley de Aguas Nacionales y en la Comisión Nacional del Agua, obstáculos para presentar soluciones a problemas urgentes que enfrentan la nación y las comunidades con respecto al acceso y gestión del agua y el saneamiento.
La Coordinadora Nacional de Agua para Todos asumió la tarea de realizar cientos de foros en todo el país para consensar y redactar una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, que se encuentra en proceso de dictamen en el Congreso de la Unión.
Refiere la Coordinadora que durante la conferencia matutina del 6 de enero, el presidente de la República opinó acerca del manejo del agua, sugiriendo que se tiene que detener la privatización, y sobre todo, combatir la corrupción en el tema.
Señaló el acaparamiento de los bienes hídricos, los permisos para sobreexplotar los mantos acuíferos, la concentración, el uso del agua para actividades consideradas como no básicas, los permisos para cerveceras y empresas lecheras en regiones de escasez hídrica y donde los acuíferos se encuentran abatidos, todo sin cambiar la ley.
Pero la ley actual permite la privatización de sistemas municipales y obras hidráulicas y niega derechos a sistemas comunitarios. Asimismo, no reconoce los derechos de ejidos y comunidades que hayan recibido dotaciones por decreto presidencial.
No cuenta la legislación con instrumentos para poder corregir el sobreconcesionamiento ni el acaparamiento, aun cuando haya sido otorgadas con base en estudios manipulados y se pueda comprobar la existencia de daños a terceros.
