La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con sede en Tapachula y que atiende a 16 municipios de la región, recibe en promedio siete denuncias diarias, siendo poco más de 200 al mes y de las cuales un alto porcentaje está relacionado con instituciones de seguridad e impartición de justicia, a lo que le siguen denuncias relacionadas con atención en materia de salud y en tercer sitio las que tienen que ver con la educación.
En entrevista, el titular de la Visitaduría General Especializada en Atención de Asuntos Migrantes con sede en Tapachula, Ángel Milton Ordoñez Rodríguez, expuso que la atención es generalizada a la población —tanto extranjera como nacional— que considera han sido vejados sus derechos por parte de funcionarios o instituciones del estado de Chiapas o municipales.
Expuso que este organismo autónomo busca la defensa de los derechos inherentes a todos ser humano, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición, entre los que destacan el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros, por lo que las puertas están abiertas a quien acuda en busca de atención.
Sobre el estigma social de que los organismos de derechos humanos defienden a quienes violan la ley, “no es correcto porque el objetivo es ser imparcial” y en el caso de que alguien —incluyendo quienes se dicen víctimas y se le comprueba lo contrario— cometa un delito, esta persona debe ser sancionada y, en su caso, condenada porque no puede haber impunidad, y esto incluye a los extranjeros.
Señaló que la mayor incidencia de quejas es contra las instituciones de impartición de justicia, así como de seguridad e investigación que implican denuncias de corrupción, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, robo, agresiones, por las que hay señalamientos y se integran recomendaciones.
En lo que se refiere a la atención de la salud, indica que los señalamientos van en el sentido de falta de atención médica y negligencia, mientas que lo relacionado a la educación es por algún tipo de marginación y actos irregulares de maestros, aunque incluyen en muchos casos las cuotas voluntarias de inscripción que no deben ser obligatorias para atender a los menores en los centros escolares.
Ángel Milton Ordoñez Rodríguez, visitador general, dijo que ningún organismo de derechos humanos defiende a delincuentes, “porque no se permite en ningún sentido la impunidad, las leyes son generales y se aplican en ese sentido, y no solo contra quien denuncia; por ello es que se pone especial atención en la recepción de las quejas ya sean de migrantes o mexicanos”.
Reconoció que algún porcentaje importante de migrantes acude a interponer sus quejas, además de que en muchos casos lo hacen victimizándose para lograr algún objetivo en sus trámites migratorios, porque entre ellos se han dado cuenta que de esa manera podrían ser beneficiados más rápidamente en sus trámites de solicitudes; por ejemplo, en el caso de las Tarjetas por Razones Humanitarias.
En la integración de los expedientes se busca el entendimiento entre las partes, siempre y cuando esto es posible, mientras que las soluciones favorables van en un porcentaje del 70 por ciento de los casos a través de la conciliación.
