A menos de seis meses de que concluya el plazo para consolidar el nuevo sistema de justicia penal en todo el país, Chiapas es de las pocas entidades federativas que ya operan el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que habla de una sinergia entre la Federación y los tres Poderes del Estado por concretar este sistema.
“El Poder Judicial seguirá manteniendo la unidad, el tesón y entusiasmo por introducir la justicia acusatoria penal, de la mano del gobernador, quien ha puesto como prioridad en su administración el rubro de una justicia social humanizada, sensible y efectiva, que actualmente está definiendo el rumbo y la transformación de Chiapas”, aseveró el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
Implementación
Afirmó que desde hace tres años, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) tomó un cambio distinto y se fueron apresurando todas las acciones en torno a éste, debido a que el gobernador Velasco Coello decidió darle el empuje para que los chiapanecos gocen de este modelo que profesionalizará más a las instituciones de justicia.
Destacó que derivado de esta coordinación, a la fecha se encuentran en operación diez Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en diversos distritos judiciales como Tuxtla Gutiérrez (abarcando Chiapa de Corzo y Cintalapa), Tonalá, Tapachula, Villaflores, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo y Pichucalco, los cuales están atendiendo a un 73 por ciento de la población general, incluyendo la indígena, lo que significa que cerca de 80 de los 122 municipios cuenten con este sistema.
El presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón, también reconoció la presencia y valía de la Secretaría Técnica del Órgano de Implementación de la Secretaría de Gobernación, ya que ha puesto especial atención en la entidad para ofrecer más capacitación a los operadores jurídicos, robustecer el aparato tecnológico que también tiene que ver en los juicios orales; llevando a Chiapas como ejemplo de buenas prácticas en este proceso de implementación a nivel nacional.
“A partir del 31 de marzo de este año, los 20 distritos judiciales que existen en el Estado habrán de abordar todos los delitos sin excepción, incluyendo los graves, es decir, cuatro meses antes de la fecha establecida para junio próximo”, estimó el magistrado presidente.
