Mirtha Robledo, madre de una de las víctimas, y el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, exigieron justicia por el multifeminicidio de Alejandra Negrete, Nadia Vera, Mile Martin, Yesenia Quiroz y Nadia Vera, además del homicidio de Rubén Espinoza, quienes fueron asesinados hace cuatro años y dos meses en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
Robledo, madre de Nadia Vera, quien fuera activista chiapaneca, expresó que el Estado mexicano no garantizó la protección de la defensora y el fotoperiodista Espinoza, quienes meses antes de su asesinato habían alertado de amenazas de muerte hechas por el gobierno de Veracruz.
Sobre el tema, Luis Eduardo Knnap Moreno, coordinador de Defensa del Artículo 19 para México y Centroamérica, detalló que las autoridades han declarado que la investigación que se realizó está mal hecha, por lo que debe empezar desde cero.
Mirtha Robledo leyó una carta que escribió a su hija a cuatro años de su asesinato: “No sólo te asesinó el delincuente que accionó el gatillo, sino con él, te asesinó el que fabricó el arma; el que la introdujo al país; el que volteó a ver para otro lado, para no ver la carga ilegal en que venía el arma; el que la vendió y el que la compró”.
Manifestó que fue una obligación del Estado haber brindado seguridad y cuidar de la vida de los hoy fallecidos ante las denuncias públicas que hiciera su hija y el fotorreportero Rubén Espinoza tras haber recibido amenazas de muerte por un grupo relacionado con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Asimismo, comentó que el país “ya no es nuestro, porque se mata a las mujeres, niñas, activistas y periodistas impunemente, porque las investigaciones sobre los crímenes y estafas no las hacen los que deberían procurar justicia”.
A su vez, Knnap Moreno informó que existe una falta de garantía del derecho a la justicia y verdad por parte del Estado, además reconoció la importancia de recuperar la información disponible con la que cuenta la sociedad y las familias de las víctimas, para ordenarla y generar narrativas que contribuyan a la verdad.
“Es importante saber qué pasó esa tarde en el departamento de la colonia Narvarte y por qué, además quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron los perpetradores y en qué contexto se dieron estos crímenes”.
Comentó que desde que ocurrieron los hechos, las víctimas directas e indirectas han sufrido estigmatizaciones por parte de las autoridades, al mismo tiempo de un camino de omisión por la justicia.
“Desde que se empezó la investigación, hubieron irregularidades de la delegación Benito Juárez, ya que no fue conducida a la Fiscalía Especializada en atender delitos contra periodistas y defensoras de derechos humanos, sino se fue a la Fiscalía de Homicidios, que lo vio como uno más”, expresó.
Al respecto, el abogado mencionó que las autoridades federales nunca analizaron el contexto en la que Vera y Espinoza llegan a la Ciudad de México.
Además, expresó que los servidores públicos que atendieron el caso fueron premiados, ya que ascendieron de puesto, sin que hasta ahora este caso tenga avances significativos.
“En noviembre iniciamos un nuevo proceso de diálogo, que se apegara a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que hasta ahora no se han cumplido. Lo que les interesa a las familias es la verdad y justicia”, manifestó.
Asimismo, dijo que no esperan que se haga una disculpa pública hasta que se avance en la investigación, sin embargo, la poca eficiencia de la Fiscalía de la ciudad no tomó en cuenta la evidencia vital para llegar a la verdad.
“El tiempo que pasa es la verdad que se escapa, por eso es temperante seguir presionado en este caso”, comentó.
Hasta el momento se mantienen tres personas detenidas, de las cuales una ha sido sentenciada por el caso; dos más en espera de sentencia.
Sin embargo, hasta el momento no se ha reconocido un autor intelectual.
“La lucha sigue con el nuevo gobierno, lo que se busca es subsanar las omisiones que se tuvo anteriormente. Tenemos que empezar de cero, así lo dijo un juez”, concluyó.
