A cuatro años del multihomicidio de Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Rubén Espinosa y la chiapaneca Nadia Vera, quienes fueron torturados y asesinados en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, los familiares siguen en la búsqueda de la verdad y la justicia.
Mirtha Luz Pérez Robledo, madre de la activista comiteca Nadia Vera, expresó lo siguiente en un escritor dirigido a su hija: “A cuatro años no sólo te asesinó el delincuente que accionó el gatillo, sino con él, te asesinó el que fabricó el arma, el que la introdujo al país, el que volteó a ver para otro lado, para no ver la carga ilegal en que venía el arma, el que la vendió, el que la compró”.
A su vez, la organización Artículo 19 informó que existe una la falta de garantía del derecho a la justicia y verdad por parte del Estado, además reconoció la importancia de recuperar la información disponible con la que cuenta la sociedad y las familias de las víctimas, para ordenarla y generar narrativas que contribuyan al derecho a la verdad, que ayuden a explicar qué pasó esa tarde en el departamento de la colonia Narvarte y por qué; quiénes fueron las víctimas, quiénes los perpetradores y en qué contexto se dieron estos crímenes.
Pérez Robledo manifestó que fue una obligación del estado haber brindado seguridad y cuidar de la vida, ante las denuncias públicas que hiciera su hija y el fotorreportero Rubén Espinoza, por amenazas de muerte relacionadas con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa.
“Te asesinó el juez que dejó libre al delincuente argumentando que no sabía que iba a reincidir; el Ministerio Público que no rindió un informe completo y correcto en tiempo y forma, por ello dejaron libre al delincuente; el abogado que defendió al criminal sabiendo que ya había delinquido, promovió su amparo y su defensa; el perito, que no supo por ignorancia, por negligencia, por corrupción o simplemente porque no quiso hacer su trabajo, encontrar evidencia suficiente aunque esta estuviera a la vista”, dijo Pérez Robledo.
Asimismo, comentó que el país ya no es nuestro, porque se mata a las mujeres y a las niñas, activistas y periodistas impunemente porque las investigaciones sobre los crímenes y estafas no las hacen los que deberían procurar justicia.
Al mismo tiempo, Articulo 19 informó que el caso se ha caracterizado por las fallas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), desde la manipulación de la escena del crimen y la evidencia, fallas graves en la cadena de custodia de la prueba, la filtración de información confidencial por parte de las autoridades encargadas de la investigación, inconsistencias en la toma de testimonios, la narrativa estigmatizante creada por la Procuraduría y la falta de una investigación exhaustiva y expedita agotando todas las líneas de investigación.
Todo lo anterior mencionado en la recomendación 04/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX).
“Toda la opacidad y fallas en el caso, sumadas a la reproducción de narrativas estigmatizantes por parte de medios de comunicación, han supuesto la violación de derechos de las víctimas y ha tenido como efecto que sigamos como sociedad sin saber la verdad de este caso”, añadió la organización internacional.
Comentó que la administración de Claudia Sheinbaum y la procuradora Ernestina Godoy tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia y la verdad en un caso que se ha vuelto representativo en cuanto a las fallas estructurales en el sistema de justicia, lo cual sucede en la mayoría de los casos, traduciéndose en la impunidad que impera en México.
