Con 53 personas muertas y 106 heridas, el 9 de diciembre de 2021 ocurrió un hecho que marcó la historia de la migración en nuestro país, a escasos metros del corazón de la capital chiapaneca. Sin embargo, pese a las condenas y acciones para prevenir otros accidentes, en los últimos meses han ocurrido otros sucesos similares, inclusive fatídicos.
En el que es considerado el más grave accidente con el mayor número de migrantes fallecidos, aquel jueves 9 de diciembre, alrededor de las 16:00 horas, el conductor de un tráiler perdió el control de su unidad y se le desprendió la caja en la que iban ocultos más de 100 migrantes procedentes de la frontera de México con Guatemala. El chofer huyó de la zona donde fue el percance.
De acuerdo al testimonio de los migrantes, salieron en la madrugada de la frontera de México con Guatemala, pasaron por Comitán, cruzarían Tuxtla Gutiérrez (capital chiapaneca), para luego tomar la autopista Ocozocoautla-Cosoleacaque, Veracruz, con el objetivo de llegar hasta el estado de Puebla.
Primera acción
Tres días después se instaló el Grupo de Acción Inmediata (GAI) para combatir las redes de tráfico humano y trata de personas, responsables de la tragedia ocurrida el pasado 9 de diciembre.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fungió como coordinadora general del GAI, por lo que esta se instaló con los embajadores Francisco Carrión Mena, de Ecuador; Kenneth Salazar, de Estados Unidos; Mario Adolfo Búcaro Flores, de Guatemala; Gerardo Alberto Simón Yerres, de Honduras; y María Isabel Castillo Báez, de República Dominicana.
Es un mecanismo multidisciplinario ad hoc y de respuesta inmediata, cuyo fin es fungir como mesa permanente para investigar, identificar, aprehender y presentar ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional responsable del accidente.
A parte de ello, facilitaría la coordinación entre los países, tanto en la investigación criminal como en la atención a víctimas y deudos. Asimismo, se le acuñó promover la revisión de los respectivos marcos jurídicos nacionales para homologar la tipificación de la trata y el tráfico de personas como delitos graves y extraditables.
Pese a dicho esfuerzo y la condena de los países involucrados la mesa ha permanecido en la sombra, con pocas reuniones de dicho nivel, lo que ha representado un desaceleración en dicho fin por el que fue creado.
Aumento imparable
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se ha convertido en una de las instituciones con destacado protagonismo en los últimos años. Esto se denota en la cantidad de solicitudes de asilo que ha recibido desde el 2013 a la fecha, con un aumento exponencial cada año.
Dicha institución recibió mil 296 solicitudes de 2013; dos mil 137 en 2014; tres mil 423 en 2015; ocho mil 796 en 2016; 14 mil 619 en 2017; 29 mil 574 para 2018, y 70 mil 327 para 2019. En tanto, 2020 fue el año cuando por primera vez descendió dicha cifra, hasta llegar a los 40 mil 954 provocada por la pandemia del covid-19; sin embargo, un año después (2021) las solicitudes exploraron hasta llegar a 130 mil 627 solicitudes. Para finalizar, en 2022 se beneficiaron a 118 mil 222 personas, y hasta septiembre de 2023 van 112 mil 960.
Las cifras anteriores nos ubican en un panorama ascendente de personas que llegan a México, debido a la falta de cifras oficiales de cuántas ingresan al país, pero lo que también se destaca es que alrededor del 70 % de dichas personas solicitantes inician su trámite en Chiapas.
La relevancia de la entidad es notable al ser puerta hacia los cientos de miles que hacen el trayecto desde el tapón del Darién, Panamá, hasta la frontera sur de México, a la altura de Ciudad Hidalgo.
Ante tal aumento, el presidente Andrés Manuel López Obrador en diversas ocasiones envió a cientos de elementos de la Guardia Nacional a custodiar la frontera. Para ejemplificar, el 18 de enero de 2020 anunció una primera llegada ante el constante flujo de personas bajo la modalidad de caravana migrante.
Para contextualizar —luego del Acuerdo Migratorio de junio de 2019—, entre los gobiernos de Estados Unidos y México se desplegaron seis mil elementos de la GN a la frontera sur y 15 mil a la frontera norte. De los 99 mil 946 elementos de la GN desplegados en México, 15 mil 822 se encuentran en los estados fronterizos con Estados Unidos y nueve mil 298 en estados fronterizos del sur.
Urgente reflexión
Karen Pérez Martínez, coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados México en Tapachula e integrante del Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur (CMFS), confirmó la identificación por parte de las organizaciones de la sociedad civil de una seguidilla de accidentes automovilísticos ocurridos en los últimos meses, algunos de ellos con personas fallecidas.
Los accidentes, contextualizó la activista, se debe a una serie de factores, entre ellos la desesperación por la falta de respuesta de las autoridades en otorgarles documentos, lo que les deja sin opciones.
“Hay mucha gente en situación de calle y con un montón de problemas alrededor. Entonces la gente intenta ir avanzando y esto ocasiona que durante todo el camino, saliendo del Suchiate hasta Arriaga, más o menos se identificaron un gran número de personas que caminan a un costado de la carretera. Otras más se han estado moviendo o trasladando a través de vehículos que, evidentemente, tienen que ver tal vez con el tráfico de personas, siendo estos accidentes desafortunados”, comentó.
La activista fue enfática en reflexionar sobre los puntos de control, ya que existen diversos espacios de inspección con autoridades locales, estatales y federales con distinta tecnología de detección. Sin embargo, aún así siguen sucedido el trasiego de personas.
“Hacemos una suma de qué pasó hace dos años, pero después de eso se han suscitado otros eventos que nos confirman la superación de dicho número de fallecidos. Aunque es de hacer notar que no existe un registro tal cual y no hay estos cuidados; pues hablamos de la invisibilidad de las personas en tránsito y en movilidad, y esto desafortunadamente sale de distintos espacios”, agregó.
Corrupción y complicidad
Otro punto para analizar, según la activista, es la corrupción y colusión entre autoridades, debido a que pese al reforzamiento de retenes, tecnología y presencia de elementos, los accidentes no han cesado.
“Hay muchos actores, también hay temas de corrupción, es un fenómeno muy amplio; con tanta Guardia Nacional, si hay tantos puntos de revisión, cómo las personas pueden transitar por ahí; claro, las personas siempre van a buscar un camino para poder llegar, inclusive hasta Estados Unidos. No hay un muro que detenga la movilidad de las personas. Entonces, es decir, si hay un punto de vigilancia en las personas, hay personas que se dedican a asaltarlos, luego esta persona los lleva con otro y así, es una cadena de situaciones”, relató.
Por último, la activista hizo notar el papel fundamental de las organizaciones de la sociedad civil para entender y atender el fenómeno migratorio, quienes han asumido un rol en la ausencia de la autoridad.
“Mucho de lo que sucede es que no pasa nada si no se visibiliza. La sociedad civil es muy clara con lo que tenemos ahora, con los retos que se nos viene ha sido mucho más difícil, cada año ha superado al siguiente (…) aquí el trabajo en redes importa y sabemos que solas no podemos”, finalizó.
Por último, Pérez Martínez reflexionó sobre las narrativas y discursos de la sociedad civil para potenciar los derechos humanos de las personas en movilidad, así como visualizar una posible solución al mismo.
Accidentes
De los últimos días hasta la fecha de la tragedia migrante, han ocurrido los siguientes accidentes: el pasado 28 de noviembre, una camioneta de carga que transportaba 18 migrantes chinos volcó en la carretera Mapastepec-Pijijiapan; todas las personas resultaron lesionadas.
El 1 de octubre, un camión tipo torton se accidentó en la carretera Pijijiapan-Tonalá, a la altura del kilómetro 134, crucero Santa Cruz, dejando hasta ahora un saldo de 10 personas fallecidas y alrededor de 20 más lesionadas. Todas las fallecidas eran mujeres y de origen cubano.
El 28 de septiembre, otro camión tipo torton se accidentó en la carretera Malpaso-La Herradura, con un saldo de cuatro personas fallecidas y veinte heridos. En octubre de 2022, seis migrantes fallecieron y 22 lesionadas debido a diferentes accidentes ocurridos en Suchiate, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez.
El 5 de julio de ese año, un camión se volcó en el tramo Las Choapas-Raudales, con un saldo de 13 personas lesionadas de las 30 que iban a bordo. El sábado 21 de mayo, un camión de tres toneladas se volcó en la zona del Puente Chiapas; los migrantes salieron corriendo. Por otra parte, otro accidente se suscitó en Chamula, con un saldo de cuatro personas fallecidas y 16 lesionados.
Con este pequeño recuento podemos llegar a la turbia cantidad de 24 personas fallecidas y 109 lesionadas. Por ello, ante la complejidad de dicha situación y sin esfuerzos palpables para cambiar dicha dinámica, solo queda esperar lastimosamente la siguiente tragedia migrante.