"Qué fácil es votar una ley y después dejarla botada. zCuántas veces nuestros legisladores se han alzado el cuello con leyes estéticamente perfectas, moralmente loables, pero sin pies con los cuales sostenerse en la realidad? Tal es el caso de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hace dos anos fue anunciada como modelo en América Latina, pero hoy no se ha concretado ninguno de sus principales objetivos.
Con bombo y platillo el gobierno federal publicó el 1 de febrero de 2007 el decreto por el que se expidió la ley para ""prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, además de garantizar su acceso a una vida libre de agresión para su desarrollo y bienestar"". Con motivo del acto celebrado hace dos anos, el presidente Felipe Calderón aseguró que la suya sería una gestión ""implacable contra la violencia de género"".
Para cumplir con tales expectativas se planeó la creación de un Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres -dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor de la ley-; de un Banco Nacional de Datos y de un diagnóstico nacional sobre las formas de violencia contra las mujeres -ambos con un plazo de 365 días posteriores a la entrada en vigor-; una alerta de género; la emisión de órdenes de protección; programas de reeducación para los agresores y capacitación al personal policiaco y de procuración de justicia.
zQué se hizo de todo lo anterior? Nada. zQuiénes son los responsables de que eso no sucediera? La Federación, los estados, los municipios, el DIF y el Instituto Nacional de las Mujeres, de acuerdo con las responsabilidades que asigna la ley, ya que debieron coordinarse para ""disenar instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar lo establecido en esta legislación"".
Amnistía Internacional (AI) alerta que en 25 estados del país el cambio legal no ha tenido ningún impacto, por lo que ""la seguridad y la vida de miles de mujeres está en peligro"". O más bien, sigue en peligro, ahora con el agravante de que los niveles de violencia y delincuencia general en el país -con su respectivo impacto en el género más vulnerable- se han incrementado respecto de la fecha en que se publicó la reforma.
En algunos estados como Guanajuato y Oaxaca ni siquiera existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia. En el resto de los 29 estados, sólo en cinco cuentan con un reglamento que permita su aplicación: Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán. Y es que, sin la homologación que exige la reforma constitucional, cada entidad tendrá valores distintos respecto de lo que entienden por derechos de las mujeres.
Podría parecer, según lo dicho hasta ahora, que los legisladores federales cumplieron con la simple aprobación de la reforma; sin embargo, tal presunción se cae si la ley establece que los organismos de la sociedad civil denunciantes tienen que reunir las pruebas -cual fiscalía- para probar la violencia de género o si, en el presupuesto 2009 para el rubro, los propios diputados hacen un recorte de más de 300 millones de pesos a sabiendas de que la reforma no ha tenido avance alguno.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 senala que hasta 80% de las mujeres en México ha sido violentada alguna vez en su vida. Sólo en los 13 estados del país con mayores agresiones -del 1 de enero de 2007 al 31 de julio de 2008-, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reportó mil 14 homicidios dolosos contra ellas. La negligencia del gobierno federal, los gobernadores y los legisladores está costando muchas vidas. (EL Universal)
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