“Estamos en el momento preciso de reorientar la ruta”, afirma Joseliny Díaz Torres, integrante del Colectivo Menos Puentes Más Ciudad sobre el diseño urbano del centro de Tuxtla Gutiérrez, el cual actúa como una barrera infranqueable para gran parte de la población, vulnerando el derecho humano a la movilidad y condenando al aislamiento a adultos mayores y personas con discapacidad.
Por años, el centro de Tuxtla se ha modificado sin pensar en el peatón, se tiene banquetas que no cumplen la normativa del ancho mínimo de 1.50 m, lozas levantadas, postes a media banqueta o alcantarillas abiertas son el diario vivir del ciudadano de a pie en la capital del estado y esto afecta particularmente a las poblaciones vulnerables.
Personas especiales
“En nuestra ciudad tenemos un porcentaje muy alto de personas mayores y de personas con discapacidad, a las que no vemos, porque es imposible que se puedan desplazar en las condiciones en que están nuestras banquetas y nuestras calles”, destacó.
Cruzar una calle en el centro es un reto, los ciudadanos se enfrentan a la poca educación vial, la falta de señalamientos y la falta de aplicación correcta por parte de las autoridades de la NOM-004 en vialidades primarias.
“No es solo una cuestión de que si nos gusta o no; no, esto es un derecho humano que está garantizado en el artículo cuarto de la institución que dice que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de igualdad, accesibilidad, seguridad vial y otras tres condiciones más que no se cumplen al moverse por Tuxtla”.
Ante esto, el Colectivo impulsa dos líneas clave: la armonización correcta de las leyes locales con la normativa federal (como la Ley General de Movilidad) para evitar recortes en inversiones para transporte inclusivo, y la incidencia en los procesos de diseño urbano.
Una ciudad mediana
“Somos una ciudad mediana, no tenemos mucho que corregir como otras ciudades grandes que están gastando millones en generar una movilidad incluyente”, dijo.
Exhortó a utilizar espacios formales de participación ciudadana como el Consejo de Desarrollo Metropolitano, para exigir obra pública que cumpla con la normativa y responda a las necesidades reales, especialmente de la población actual y futura de adultos mayores.
