La jefa de departamento de atención a niñas niños y adolescentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Elvira Millán Calhoun, lideró la plática virtual “El desplazamiento forzado en Chiapas”, donde detalló que de 1994 al 2020, 115 mil 567 personas en el estado han tenido que desplazarse de su hogar, y 84 mil debido a conflictos armados.
Si bien el estado es pionero en la implementación de políticas para atender este problema, con la promulgación de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas en 2012, un año antes de que se creara una a nivel nacional, actualmente ocupa uno de los tres primeros lugares con mayor prevalencia de este fenómeno social, por arriba de Guerrero y Oaxaca.
Millán Calhoun explicó que 31 actos de violaciones a los derechos humanos han provocado el desplazamiento forzado de 23 mil 345 personas, dos mil 148 lo han hecho por violencia generalizada en cuatro episodios; cifras a las cuales, expresó, deben agregarse las del 2021, uno de los años con el incremento más significativo.
Argumentó que de acuerdo a la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, la entidad asumió el compromiso de aplicar políticas para prevenirlas a través de acciones jurídicas, asistenciales y como mediadores el desplazamiento.
Además brindar la atención, protección y asistencia, con asistencia humanitaria, derechos a la salud, educación y a la asistencia jurídica, así como a la seguridad, en el caso de que ocurra.
Por lo cual, el Consejo Estatal para desplazamiento interno está conformado por los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación
Asimismo, por la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Procuradurías Generales de Justicia del Estado.
Sin embargo, subrayó importante que los tres niveles de gobierno trabajen de forma coordinada, sin dejar de lado a las autoridades tradicionales.
Por último, sostuvo que la CEDH trabaja en la vigilancia para que se lleven de forma adecuada estas mesas de trabajo y que se efectúen de manera correcta la reubicación y el reparo de los daños, además de rondines de seguridad en las regiones que tienen conflictos armados.
