Afectados por el terremoto del 7 de septiembre de 2017 afirmaron que a un año del suceso, el gobierno no ha concluido la entrega de ayuda para la reconstrucción de sus viviendas, por lo que muchas familias siguen viviendo en galeras o en casas sin terminar.
“La vida ya no es igual a como era antes del 7 de septiembre; todavía hay mucha tristeza”, dijo Alejandra, que habita en la cabecera del municipio de Tonalá, en la Costa de Chiapas y quien desde hace varios meses renta una casa porque las autoridades federales le adeudan 35 mil pesos de los 120 mil que le ofrecieron, como a la gran mayoría de damnificados.
“He solicitado un préstamo para concluir la construcción, pues apenas llevo el 60 por ciento de avance. Nuestra esperanza es que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos apoye que así lo prometió en la campaña”, agregó.
“Lo que ha cambiado a un año es que ya casi no hay escombros en las calles, pero hay mucha tristeza porque varias casas siguen caídas o están a media construcción y sus dueños han tenido que irse a otras colonias o barrios”, aseveró.
Por separado, la llamada Misión de Observación Civil, integrada por diferentes agrupaciones no gubernamentales, aseguró que el 40 por ciento de las 42 mil familias afectadas, según el registro del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), no fueron censadas, por lo que no recibieron apoyo.
En su informe elaborado después de un recorrido del 4 al 6 de este mes por las zonas afectadas, la misión, integrada por la Red Nacional Todos los Derechos Para Todas y Todos, Servicio Internacional por la Paz y los Centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y Digan Ochoa, entre otras agrupaciones, aseguró que sólo en los municipios de Tonalá, Arriaga y Pijijiapan, más de cuatro mil damnificados “no recibieron un sólo peso”.
