El Gobierno del estado de Chiapas, en administraciones pasadas, fue omiso ante los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que devinieron en la pérdida de mil 600 kilómetros y/p 160 mil hectáreas de la zona de Chimalapas, señaló un grupo de abogados que interpuso un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos buscando recuperar las tierras y sancionar a los exgobernantes chiapanecos.
En voz de los litigantes Gilmar Sarmiento Gutiérrez y Jorge Orozco Zuarth, los abogados expusieron que los tres pasados gobernadores de Chiapas fueron permisivos y no apelaron los fallos en contra de Chiapas.
Por ello, iniciaron la documentación para recuperar las tierras que en la actualidad ya pertenecen a Oaxaca, en una región en la que se presume presencia de uranio, maderas preciosas y oro.
Dijeron que estas acciones representan el interés de las y los chiapanecos por recuperar su identidad y territorio arrebatado.
Recordaron que en su momento los legisladores locales incluso modificaron la Ley Estatal y desparecieron un municipio para entregar las tierras a Oaxaca.
Por ello iniciaron el procedimiento internacional y en breve buscarán una entrevista con el presidente SCJN, Hugo Aguilar, para buscar una revisión del caso.
Conflicto
Los miembros de una de las dos directivas que se asumen legalmente como dirigentes de la Barra Chiapaneca de Abogados aprovecharon para anunciarse como directivos electos.
En tanto un segundo grupo encabezado por el abogado Gabriel Soberano denunció a este primer grupo por utilizar, sin autorización, las siglas de la agrupación de litigantes más vetusta de la entidad.
Contexto
Es de mencionar que el conflicto de Los Chimalapas es una disputa territorial larga entre los estados de Oaxaca y Chiapas por la propiedad de un área de 160 mil hectáreas, rica en biodiversidad en la frontera de ambos estados.
Este conflicto se agravó con la creación del municipio chiapaneco de Belisario Domínguez en 2011. Finalmente, en 2021, la SCJN resolvió la controversia a favor de Oaxaca, determinando que el territorio le pertenece a esta entidad. Sin embargo, la resolución ha conllevado el desafío de implementar cambios territoriales y sociales para los habitantes de la zona, como el ajuste de servicios y credenciales, y ha sido acompañada de una importante deforestación y violencia en la región.
