Por considerar que fueron violadas las garantías individuales del activista Gustavo Castro, sus abogados en México y Honduras, Miguel Ángel de los Santos y Edy Tábora, respectivamente, interpusieron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Gustavo Castro Soto, director de la Organización Otros Mundos, sufrió un intento de asesinato en marzo del año pasado, cuando fue asesinada en Honduras la también activista Berta Cáceres, dirigente de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
En un comunicado, De los Santos y Tábora dijeron que en esa ocasión, el Estado hondureño “violó los derechos humanos de Castro Soto porque la Fiscalía del Ministerio Público, la jueza Victorina Flores del Juzgado Primero de Letras de la Esperanza, Intibucá, y la Corte Suprema de Justicia lo retuvieron en el país inconstitucionalmente y resolvieron negativamente el recurso de exhibición personal -Habeas Copus-, presentado por sus abogados”.
Agregaron que la denuncia ante la CIDH fue presentada en diciembre pasado, y este mes de enero interpusieron también una denuncia penal en contra de la jueza Flores.
Señalaron que “a más de diez meses del asesinato de Cáceres, y de la tentativa de homicidio de Castro Soto, el Ministerio Público no ha comunicado ninguna acusación en contra de persona que le disparó a éste”.
Manifestaron que “las acusaciones para esclarecer los hechos han dado como resultado la detención de siete personas, pero todavía no se sabe si las indagaciones contribuirán a esclarecer la autoría intelectual de funcionarios públicos y miembros del Consejo de Administración de la empresa Desarrollos Energéticos, ya que el expediente sigue bajo secrecidad, dejando en la indefensión a los dirigentes del Copinh, a la familia de Berta y a Gustavo Castro”.
Lo abogados consideraron “un hecho sumamente grave que la jueza María Luisa Ramos, magistrada de la Corte de Apelaciones, haya sacado de las oficinas de los tribunales el expediente del asesinato de Cáceres, mismo que le fue robado a finales de septiembre pasado”, por lo que no descartan “emprender acciones legales en su contra”.
