En Chiapas, las mujeres tienen garantizado el acompañamiento en la elección de su derecho a abortar, ofreciendo la asistencia institucional dentro del marco de la ley.
Es un tema de elevada polémica por la resistencia social que se tiene desde el enfoque moral en su límite con la praxis médica, pero también la obligatoriedad constitucional ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, el enfoque de organismos sociales que advierten una creciente estadística de embarazos en menores de edad y una íntima relación con casos de abusos.
Estadísticas
En este contexto es importante mencionar que, tras la implementación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo para Niñas y Adolescentes, la tasa de aborto legal entre niñas se elevó un 20 % y 150 % en adolescentes; mientras que una población de médicos, invocando la Objeción de Conciencia, se ha negado a ofrecer el servicio, pero no así el sector Salud que está obligado a garantizar el acto, explicó el abogado Luis Magallón, autor del estudio Embarazo y Aborto Seguro en México.
El investigador, en fechas recientes explicó que Chiapas mantiene una tasa elevada de embarazos entre menores, por lo que se debería abordar este caso desde el enfoque y perspectiva de víctimas de algún tipo de violencia sexual.
Por ello explicó que las intuiciones, incluyendo el sector salud y hospitales, están obligados a atender este derecho, aunque detalló que los médicos pueden acudir a la figura jurídica de la Objeción de Conciencia para negarse al acto.
Este es un derecho incluido en la Ley General de Salud mediante la cual se garantiza el derecho de elección de praxis del médico con alusión a su conciencia social, de fe y cultural.
Sin embargo, citó: “la SCJN determinó en 2021 que este derecho no puede ser un obstáculo para el acceso al aborto legal y seguro, obligando a las instituciones a garantizar el servicio”.
Oficial
Sobre el tema, el secretario de Salud en Chiapas, Omar Gómez Cruz, dijo que la atención institucional a este servicio requiere atención especial.
Señaló que se tienen nueve centros para la intervención del embarazo, lo que ha permitiendo incrementar la atención de estos casos un 20 % en niñas y un 150 % en adolescentes.
Esto evidencia que Chiapas tiene el primer lugar en embarazos en todo México, por lo que urge que de manera intersecretarial trabaje para reducir los índices de embarazos.
Ley
Vale la pena recordar que desde el 7 de noviembre del 2024, la SCJN ordenó al Congreso de Chiapas legalizar el aborto en la entidad, y 13 días después el Congreso aprobó reformas a su constitución local a favor de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes.
El pasado 29 de octubre del 2025, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes en el Estado de Chiapas, para garantizar a esta población acceso a este servicio en las instituciones de salud de la entidad.
El punto central de esta ley es garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo a las niñas y adolescentes víctimas de violación.
La interrupción del embarazo es conforme a los parámetros penales que permite el Código Penal para el estado de Chiapas.
Siendo Chiapas uno de los estados con la tasa más alta de embarazos infantiles y adolescentes, esta iniciativa marca un hito en la protección de los derechos humanos elementales a esta población vulnerable.
En el contenido de la misma se expone un plazo máximo de cinco días naturales para que las instituciones públicas de salud realicen el procedimiento desde que la víctima expresa su decisión.
Esta disposición busca eliminar los retrasos y obstáculos administrativos que históricamente han limitado el acceso a la atención médica en casos de violencia sexual.
Además de ello, el servicio deberá ser gratuito, seguro, confidencial y de calidad, garantizando un trato digno y respetuoso.
Con ello, el Congreso del Estado puntualiza que las instituciones del Sistema Estatal de Salud están obligadas a contar con personal capacitado en perspectiva de género, protocolos médicos actualizados y mecanismos de referencia y contrareferencia entre hospitales y unidades de primer nivel.
La atención deberá ser garantizada
El artículo ocho de esta ley reconoce el derecho del personal médico y de enfermería a ejercer objeción de conciencia, siempre que ésta se notifique por escrito y no impida la atención inmediata a la paciente.
En caso de objeción, el profesional deberá remitir de forma inmediata y documentada a otro trabajador de salud no objetor.
Esta regulación busca equilibrar la libertad de conciencia del personal sanitario con el deber institucional de garantizar el servicio.
Las autoridades de Salud deberán mantener un registro de personal no objetor en cada unidad médica, asegurando disponibilidad las 24 horas y cobertura en todas las regiones del estado, incluidas las zonas rurales e indígenas.
El artículo nueve dispone que las niñas y adolescentes que accedan al procedimiento recibirán atención psicológica inmediata y especializada a través de los Centros Libres de Violencia, adscritos a la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen).
Estos espacios deberán contar con equipos interdisciplinarios que brinden acompañamiento emocional, intervención en crisis y seguimiento terapéutico.
Cabe destacar que, esta medida se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que destaca la necesidad de un abordaje integral en casos de violencia sexual, combinando atención médica, psicológica y social.
Con ello, la Secretaría de Salud (SSA) de Chiapas deberá emitir el Reglamento de la Ley dentro de los 180 días hábiles posteriores a su entrada en vigor, con el fin de estandarizar los procedimientos clínicos y asegurar su cumplimiento operativo en todo el territorio estatal.
Prejuicios sobre la sexualidad
Alejandra Muñoz, integrante de la Red Aborta Libre Chiapas y de la Red por la Justicia Reproductiva, comentó que casos como el de una adolescente de Suchiapa que inició trabajo de parto en su preparatoria, reflejan la importancia de hablar de manera abierta de salud sexual integral, que no solo se trata del uso de métodos anticonceptivos, sino de conocimiento sobre el cuerpo.
Enfatizó que es importante que se comience hablar de la sexualidad como una práctica que no debería generar estigmas, sobre todo en las mujeres jóvenes.
En caso de que se trate de un embarazo a término y de que la adolescente haya decidido continuarlo, el hecho de que lo haya ocultado por temor a sus padres sigue evidenciando una profunda falta de apoyo y confianza que las jóvenes tienen para hablar de su vida sexual y reproductiva.
Más allá de las circunstancias específicas, este caso muestra que las y los adolescentes necesitan información clara, científica y libre de estigmas para ejercer sus derechos: el derecho a la sexualidad, a decidir, a acceder a servicios de salud, a recibir control prenatal oportuno y a contar con acompañamiento seguro.
Es indispensable que estos temas sean abordados de manera seria y sostenida por la Secretaría de Educación (SE), mediante la implementación efectiva de educación integral en sexualidad que promueva autonomía, confianza y redes de apoyo.
Falta de información y servicios en hospitales
Esta situación va ligada con la falta de información sobre servicios de interrupción segura del embarazo en hospitales de primer nivel, así como la falta de los mismos en todos los hospitales de segundo nivel.
Ambas colectivas hicieron un monitoreo en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar y ordinario; encontraron que a partir del 15 de diciembre pasado se brindan en once unidades, de segundo nivel, mientras que en el primer nivel de atención prevalece la falta de información.
En el IMSS ordinario identificaron la falta de conocimiento del marco legal para los casos de violencia sexual, lo que consideran más grave, porque la interrupción del embarazo por esta causa ya estaba establecida desde varios años antes de la despenalización del aborto.
El aborto es un crimen: Obispo
José Francisco González, obispo de Tuxtla Gutiérrez, reiteró la postura de la Iglesia Católica en contra de la interrupción del embarazo, calificando esta acción como un “crimen” que atenta contra un inocente y recordó que esta práctica conlleva la excomunión.
Afirmó que la posición de la institución se ha mantenido firme durante 20 siglos bajo la premisa de que “Dios es el dueño de la vida y nosotros somos administradores de la misma”. Precisó que la Iglesia defiende el respeto a la existencia desde su concepción hasta su muerte natural.
El obispo explicó que para la Iglesia católica el aborto tiene un “agravante” al tratarse de la vida de un ser inocente que se encuentra indefenso, por ello la institución contempla que la pena máxima es la excomunión para quienes participen de manera deliberada en esta práctica.
Monseñor González rechazó el concepto de “aborto seguro”, señaló que en el país, y sobre todo en Chiapas, se carece de requerimientos médicos generalizados para atender emergencias como desangrados.
Por último, hizo un llamado a la sociedad a una educación afectiva y sexual para prevenir adicciones, abusos y violaciones. Añadió que legalizar esta práctica no modifica la moral: “Aborto legal, pues sí, se pueden dar leyes donde sea legal, pero moralmente sigue siendo un delito, un crimen”.
