Empresas de grúas con presencia en Tapachula son señaladas de estar coludidas con elementos de Tránsito del Estado y Vialidad Municipal para lucrar de manera inmoral al aplicar supuestos reglamentos que son ilegales e innecesarios, con el fin de obligar a los usuarios a pagar altos cobros por arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos.
En los accidentes automovilísticos, aun cuando estos sean menores y las autoridades estén presentes, de inmediato llaman al servicio de grúa al que supuestamente le corresponde dar el servicio, según un rol interno que ellos llevan, para que trasladen las unidades al MP y luego al corralón, aunque los vehículos puedan moverse por sí mismos, pues los daños sufridos no afectaron su funcionamiento.
Este miércoles por la mañana, en el paradero de colectivos de unidades que cubren la ruta del centro de Tapachula hacia el hospital general y viceversa, se suscitó un accidente en el que un carro particular (modelo reciente) de la marca Toyota color gris impactó a un colectivo de la empresa Transportes Puerto Madero que se encontraba estacionado en el paradero; la conductora, una trabajadora de la salud, se negó a reconocer la falta y no hubo un arreglo entre los protagonistas, a pesar de las evidencias, lo que implicó que se diera lugar a un peritaje y la intervención de la autoridad.
Sin embargo, las dos unidades no sufrieron daños mecánicos por lo que los conductores podrían trasladarlos al lugar que se les indicara sin pagar cobros de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos, sin embargo, fueron obligados a hacer uso del servicio de grúas.
Uno de los colectiveros que se encontraba en el lugar junto con un abogado de una de las partes, exigieron que no se usaran las grúas, pero sin tener éxito; los uniformados les señalaron que ese era el supuesto reglamento, por lo que denunciaron que se trató de un acto de corrupción.
Los choferes exigieron frenar los abusos de parte de los uniformados y dueños de grúas, lugares donde además se registran constantemente supuestos robos de autopartes, ya que según son comercializadas por las mismas empresas, sin que haya transparencia en el accionar de las autoridades.
