La utilización indebida de los “usos y costumbres” para justificar violaciones graves a los derechos humanos de niñas y adolescentes en los Altos de Chiapas, es un tema recurrente que se debe frenar, expuso la doctora Sandra Aurora González Sánchez, presidenta del Pacto de Sororidad e integrante de la Agenda Feminista 2024-2030.
Advirtió que dicho argumento “no puede ser un cheque en blanco” para permitir matrimonios forzados, embarazos infantiles o cualquier forma de violencia contra las infancias.
“Ni los usos y costumbres, ni la autonomía de los pueblos originarios pueden emplearse para hacer un uso indebido del poder y ejercer violencia contra las niñas”, declaró la académica y defensora de derechos humanos.
Subrayó que México está obligado, por leyes nacionales y tratados internacionales, a proteger de manera especial a este sector de la población.
Obligación del Estado
González Sánchez destacó que la responsabilidad principal recae en el Estado mexicano, no en las organizaciones civiles.
En este escenario, rechazó los señalamientos en redes sociales que culpan a colectivos feministas de la falta de educación sexual.
“Las colectivas feministas somos grupos honoríficos, no recibimos financiamiento. Estamos organizadas por convicción, pero la obligación de garantizar educación sexual, salud y protección es del Estado, que recauda impuestos y tiene la estructura institucional”, afirmó.
