Académicos de instituciones de investigación ubicadas en estados fronterizos de México con Guatemala y Belice que por muchos años han estudiado el tema migratorio, manifestaron que el éxodo actual de centroamericanos no es distinto al constatado en las dos últimas décadas, sino que lo inédito es la estrategia, pues ahora se movilizan con un contingente masivo, como acción social colectiva de resistencia y supervivencia, que busca una solución alternativa a su situación.
En un pronunciamiento exigieron al gobierno mexicano garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de las personas que integran la caravana de alrededor de seis mil personas que se encuentran en el estado de Oaxaca y de las que seguirán llegando en búsqueda de protección y salvaguarda.
“Es necesario que el gobierno mexicano reconozca la urgencia de la protección internacional de las personas que en este momento huyen de su país y que aplique los principios a que obliga dicho sistema humanitario, como la no devolución, que alude a la protección contra la expulsión, cualquier otra forma de devolución y medidas de rechazo en la frontera”, agregaron.
Las y los académicos, entre ellos de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca), manifestaron su preocupación por los riesgos a los que están expuestas todas las personas migrantes en ruta, como consecuencia de la violencia en varias regiones del país, de la inseguridad y de la desprotección a la que se enfrentan cotidianamente.
“Enfatizamos en la necesidad de exigir la garantía, la protección y el respeto de derechos y obligaciones de los Estados de Centroamérica para salvaguardar a quienes huyen de situaciones extremas en sus países, específicamente Honduras, de donde proviene la mayoría de las personas que integran la caravana”, dijeron.
Señalaron que “el acto de migrar es una acción de reinvindicación del derecho a la vida y a la seguridad humana de quienes se mueven, por lo que la migración de ningún modo es un atentado a la seguridad nacional del país receptor”.
Sin embargo, abundaron, “el gobierno mexicano ha respondido a esta huida masiva -y a la migración forzadas en general-, como si fuese una amenaza a la seguridad del país y a las relaciones bilaterales con Estados Unidos, perdiendo de vista que se trata de una emergencia humanitaria”.
Expresaron que “esta postura ha sido claramente evidenciada con el despliegue de unidades de policías y militares en la frontera México-Guatemala y en puntos de paso de la caravana, así como con la implementación de un sistema de asistencia humanitaria con condicionamientos, mediante el cual recibirían asistencia básica y apoyo del gobierno, quienes se entreguen a oficiales de Migración y sean solicitantes de la condición de refugiado o refugiada y, además, se encuentren en Chiapas y Oaxaca”.
