“Ante la alta densidad de población indígena que hay a lo largo de todo México, es necesario que el sistema de justicia incorpore el mecanismo para reconocer a los sistemas normativos desarrollados por los pueblos originarios”, expresó Erika Icela Castillo Vega, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
La también presidenta de la Sala de Asuntos Indígenas, quien realizó una gira académica en Chiapas, relató para Cuarto Poder el caminar del Estado de México con este órgano judicial especializado en justicia intercultural.
Instancia
Castillo Vega detalló que, a nivel nacional, solo otro estado tiene un órgano de este tipo: Oaxaca, donde también hay una alta población perteneciente a pueblos originarios.
Explicó que la Sala está integrada por cinco ministros: tres con especialidad en materia Penal, uno en materia Civil y uno en materia Familiar. Este grupo de especialistas, dijo, se encarga de conocer todas las apelaciones en donde esté inmiscuida alguna persona de pueblos originarios.
“Es decir, son un órgano constitucional que tiene como fin primordial una protección reforzada a los que pertenecen a pueblos originarios” enfatizó.
Gran deuda histórica
La magistrada, quién inició su carrera en los eslabones básicos del sistema de justicia, reconoce que la gran deuda histórica con los pueblos originarios, en términos de justicia, es la accesibilidad.
“Yo pongo de ejemplo verte en un país extranjero, no comprender su idioma y que te acusen de algún delito, te llevan ante un juez y te condenan a alguna sanción y no entiendes. Pregunto: ¿Cómo te sentirías? Con miedo, con frustración, con incertidumbre, y esa es una realidad que se vive cada día en México”.
Recordó que en el Estado de México hay cerca de 18 millones de habitantes, de los cuales, tres millones se han auto adscrito como indígenas. A su vez, 500 mil hablan únicamente su lengua materna.
