El Poder Judicial de la Federación (PJF) aceptó la demanda de amparo interpuesta por el Concejo de Organización de la sociedad civil Las Abejas, la cual busca la reparación integral del daño por el desplazamiento forzado interno de los afectados por la matanza de 1997 en Chenalhó.
Así se dio a conocer a través de un comunicado la organización las Abejas de Acteal, quienes el pasado viernes 29 de septiembre y a través de una comitiva que representó a las 12 comunidades y más de 308 personas, acudieron a las oficinas de la PJF en la capital chiapaneca.
Detallaron que fueron notificados la parte quejosa y la representación legal de nombre Estudio Jurídico Rivero y Asociados/Defensa Estratégica en Derechos Humanos, de la admisión del amparo en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas este 3 de octubre.
En la demanda reclaman a autoridades federales, estatales y municipales la omisión de atender las causas estructurales y los efectos del desplazamiento forzado, así como la omisión de adoptar medidas y formular políticas para su prevención.
Este litigio, en palabras del abogado Sandino Rivero, podría ser un hito en la justicia social del país, pues a la fecha no hay precedentes judiciales sobre desplazamientos forzados.
“El litigio que hemos decidido emprender las víctimas y la firma legal que nos representa en este proceso tiene como objetivo lograr el acceso a la justicia y que este tipo de hechos, profundamente lacerantes, no queden en el olvido y sin ser reparados; además pretende generar precedentes judiciales en un tema poco explorado en los tribunales nacionales”, dice el comunicado.
Exponen la necesidad de que este caso sea reconocido, por su contexto de hechos, al tratarse de comunidades indígenas en condiciones de pobreza y marginación; además, que la mayoría fueron mujeres, otros eran niños y niñas “cuando padecimos estas vulneraciones”.
Se espera un litigio amplio, de meses e incluso años; se espera, también, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el conocimiento y que las autoridades otorguen a los afectados programas de vivienda, educación, desarrollo, infraestructura y restitución de tierras.
Además que “el PJF tendrá la oportunidad histórica, entre otros temas, de pronunciarse sobre la naturaleza del desplazamiento forzado interno como violación grave y múltiple de derechos humanos”.