"Jesús Belmont / México, D.F. * CP. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio entrada a la solicitud de juicio político en contra del ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, ante las graves anomalías registradas en el manejo de los recursos federales destinados a la reconstrucción de los municipios afectados por el huracán ""Stan"" en octubre de 2005.
La Sociedad Civil del Soconusco A.C., que representa a miles de damnificados por el huracán en el estado de Chiapas, solicitó al Congreso de la Unión iniciar juicio político en contra de Pablo Salazar, luego de las irregularidades detectadas en la aplicación de 11 mil 715 millones de pesos provenientes del Fondo de Desastres Naturales de la Secretaría de Gobernación.
Carlos Enrique Tapia Ramírez, presidente de la citada asociación chiapaneca comentó que a más de 18 meses de la tragedia, el panorama en el estado es de una gran faltante social y económica que mantiene a los habitantes de las zonas afectadas en la zozobra y el colapso económico, agravando la inseguridad, el desempleo y la migración masiva hacia la frontera norte.
""Es la verdadera cara del desastre heredado por la irresponsabilidad del ex gobernador Pablo Salazar al nuevo gobierno de Chiapas a cargo de Juan Sabines Guerrero y al presidente Felipe Calderón Hinojosa"", dijo Tapia Ramírez durante una conferencia de prensa.
Recordó que en marzo pasado, el gobierno del estado de Chiapas reveló que faltaba más del 90 por ciento de la reconstrucción en las zonas afectadas por ""Stan"".
El dirigente de la ""Sociedad Civil del Soconusco, A.C."" comentó que diversos organismos de la iniciativa privada de la entidad surena se han manifestado en reiteradas ocasiones por la transparencia de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, mediante la realización de auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública.
A casi dos anos de la tragedia, las zonas afectadas aún carecen de grandes faltantes en desazolve de ríos y bordos de protección, poniendo nuevamente en riesgo a la población de la Sierra, Costa y Soconusco ante la temporada de lluvias.
De la misma forma es notable la existencia de obras de pésima calidad, las pocas existentes, como las viviendas del programa ""Vida Mejor"" de la anterior administración, muchas de ellas sin servicios y ubicadas en zonas inundables; puentes, muchos aún colapsados en la Sierra, la infraestructura ferroviaria sin atender, cultivos sin restituir, escuelas y el ecosistema en laderas montanosas de la Sierra, el asolvamiento en esteros, manglares, bocabarras, lagunas, pampas y canal intercostero, requieren de acciones urgentes.
Documentales
La petición de juicio político al ex gobernador Pablo Salazar hecha al Congreso de la Unión tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 110 párrafo segundo, 111, 112, 113 y 114 de la Constitución General de la Nación y demás relativos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Carlos Enrique Tapia Ramírez entregó a la Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la referida solicitud apoyada de un documental público consistente en el resultado de las auditorías que la Secretaría de la Función Pública haya realizado, para lo cual pide al Poder Legislativo la solicite a la citada dependencia.
De la misma forma, hizo entrega de un documental privado consistente en un volumen de la obra del mismo demandante del juicio político titulada: ""Stan, la tragedia pluvial en Chiapas. El desastre político"", que contiene la recopilación de lo expresado por los medios de comunicación en el momento de los acontecimientos, así como testimonios de afectados por ""Stan"".
Tapia Ramírez comentó que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución Política, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma por cuatro vertientes: la responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Otras de las vertientes son la responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito; la responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública y, la responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen danos patrimoniales.
En la solicitud de juicio político al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía se pide al Congreso de la Unión proceder a la calificación de procedencia y derive la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores.
De la misma forma se le solicita dar vista al Congreso local del estado de Chiapas, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda por los delitos que le impliquen al ex mandatario estatal y a quienes les resulte responsabilidad en los hechos aludidos.
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