En relación a la amonestación que el IAIP habría realizado a Miguel González Alonso en su calidad de Comisionado del propio Instituto, el referido aclaró que la amonestación es improcedente porque no existe en la normativa interna y constituye un abuso de autoridad y ejercicio ilegal del servicio público por parte de las comisionadas Ana Elisa López Coello y Adriana Espinosa Vázquez, de quienes consideró se extralimitaron en sus funciones.
Agregó que la acusación de origen es infundada, por lo que solicitará a las autoridades en materia realizar una prueba de polígrafo a la denunciante y que se presentó ante la PGJE para ofrecer colaboración en el esclarecimiento de los hechos.
En entrevista, el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) afirmó que la información fue sacada de contexto “mediante un filtro” generado al interior mismo organismo.
Esto, dijo, en una franca intención de causarle un daño moral por parte de servidores públicos que bajo la premisa de coalición “aprovecharon” una denuncia de la que no hay conclusión de culpabilidad por parte de la PGJE.
Dijo que en todo caso, quien habría de realizar un llamamiento sería la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado, pero no sus pares.
Señaló que la presidenta del Instituto, Ana Elisa López Coello, la Comisionada Adriana Patricia Espinoza Vázquez y el Director de Comunicación Social José Luis Estrada Gordillo, habrían utilizado equipo propiedad del Instituto para generar y “filtrar” la información y la fotografía.
Reconoció la existencia de una acusación civil en su contra, la cual considera infundada y de la cual aún no ha tenido un avance procesal ante las autoridades procuradoras de Justicia, y esa misma fue mencionada y utilizada de forma incorrecta y con dolo expreso en la sesión del propio IAIP del pasado miércoles.
La acusación reside en que el entrevistado en su calidad de Comisionado tiene asignado un vehículo que él mismo entregó por no encontrarse en condiciones de manejo para su reparación, pero en lugar de ser llevado al taller fue asignado a otra persona, para quien estando embarazada constituye un riesgo que, ese sueño vieron.
Es por eso que solicitó a la trabajadora del propio organismo, a quien le había sido entregado de manera irregular el vehículo, entregara las llaves dado que existía un documento de resguardo y responsabilidad a su nombre asignado por el Pleno, instancia suprema que sus pares se niegan a respetar. Sin embargo, y apenas después de entregar las llaves la mujer acudió a realizar una denuncia por haberse sentido agredida. Finalmente dijo que solicitará a las autoridades pertinentes someter al polígrafo a la denunciante pues la acusación presenta, dijo, inconsistencias y faltas a la verdad mientras valora acciones legales en contra de quienes de manera reiterada infringen la Ley.
