Eradio Zavala de Los Santos, contador público e integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Universitario, aclaró en entrevista que no existe ningún acto de fraude en la adquisición y manejo del predio que forma parte del fraccionamiento, pese a las acusaciones públicas recientes en su contra y hacia el empresario Rodolfo Granda Sánchez.
Quien funge como secretario de organización de la asociación explicó que todas las decisiones relacionadas con el terreno en cuestión han sido avaladas por asambleas generales de colonos, con transparencia y respaldo documental.
Detalló que el predio originalmente pertenecía al Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad, pero que tras gestiones jurídicas se logró su transferencia a la asociación.
Posteriormente, los colonos acordaron venderlo, optando por un esquema de fideicomiso con la empresa IC Promotora S.A., representada por Rodolfo Granda Sánchez.
“El contrato se firmó en 2016 y en un principio, el proyecto avanzó con normalidad, incluso con dos pagos iniciales distribuidos entre los asociados, incluidos quienes ahora nos acusan”, afirmó.
Sin embargo, señaló que la suspensión de financiamiento por parte de Sociedad Hipotecaria Federal, derivada de cambios en políticas nacionales, paralizó el desarrollo.
Intento de “desestabilización” infundada
Zavala de Los Santos negó categóricamente que exista alguna deuda por parte de Granda Sánchez: “Al contrario, él ha cumplido con entregar inmuebles a algunos socios, y nosotros aún debemos transferirle una parte de la tierra dentro del fideicomiso”.
Respecto a las acusaciones que involucran a la notaria María Eugenia Castellanos Castellanos (notaria 108), aclaró que su participación se limitó a fungir como fedataria en los trámites legales del fideicomiso.
“Es injusto que la señalen, pues solo ha dado fe de actos jurídicos. Nosotros hemos trabajado con notario en cada asamblea, incluida la última del 10 de diciembre de 2024, donde estuvo presente la notaria Carolina Velázquez de Berriozábal”, precisó.
El representante calificó las acusaciones como un intento de “desestabilización” infundada, ya que los críticos –aseguró– han participado en todas las asambleas donde se tomaron los acuerdos.
“Ellos recibieron beneficios económicos iniciales y ahora generan desconfianza que podría afectar el valor del terreno”, lamentó.
Finalmente, Zavala de Los Santos reiteró que la asociación está abierta a exhibir toda la documentación que respalda la legalidad de sus actos.
