En la última década siguen existiendo muchas prácticas de violencia, como en el ámbito escolar, en modo de acoso, hostigamiento o agresión física, principalmente contra las mujeres estudiantes, porque la relación docente-estudiante siempre será jerárquica, es decir, siempre se va ubicar a ellas en una posición de subalternidad.
Lo anterior fue manifestado por María Teresa Garzón Martínez, investigadora del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).
Sin embargo, consideró que al mismo tiempo las nuevas generaciones de niñas y jóvenes ya vienen con una educación política, la cual se puede denominar feminista, y que las ayuda a organizarse para denunciar.
En el término judicial es bastante complejo porque el Estado en sí mismo es patriarcal; aunque existen muchas políticas públicas desde los años 80, gestadas por el movimiento de mujeres, casi no operan porque no existen las condiciones económicas y operadores que las lleven a la práctica.
Justicia feminista
Con base en dicho panorama se ha construido una justicia feminista que no pasa por el Estado, sino por la denuncia pública y por la vergüenza; un ejemplo claro fueron los llamados tendederos del acoso, una propuesta artística útil para evidenciar situaciones de acoso docente.
La investigadora consideró que hay dos panoramas: el estatal, con la invitación que hizo recientemente el Senado de la República a los 32 Congresos estatales para revisar sus leyes y homologarlas en materia de acoso docente, con la finalidad de erradicar este tipo de violencia; por otro lado, lo que se vive cotidianamente y lo que es producto de la organización de las mujeres.
Casos
Mencionó que en el ámbito universitario, por ejemplo, desde hace 11-12 años se presentan denuncias sociales y judiciales contra profesores que hostigan sexualmente a estudiantes para ponerles mejores notas (en su mayoría de un hombre a una mujer), aunque también se han evidenciado casos de hombres.
Esto ha producido una conciencia social universitaria que ha resultado en unidades de género y de atención a la violencia con protocolos determinados, ya que antes no sabían cómo actuar, determinar la responsabilidad y cómo sancionar; pero hay que decir que no cuentan con presupuesto para operar, suficiente personal y los asuntos quedan muy neutrales.
