La Suprema Corte ordenó la liberación de 20 acusados por la matanza de Acteal, quienes pasaron los últimos 11 anos de su vida en prisión sin que hubiera pruebas sólidas en su contra. Se hizo justicia a los falsos inculpados. Falta ahora hacer justicia a los 45 indígenas que fueron acribillados el 22 de diciembre de 1997 y cuyos asesinos siguen en libertad.
La decisión del máximo tribunal representa una suerte de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales porque de ahora en adelante los jueces, ministerios públicos y policías del país tendrán que recurrir a esta revisión de la Suprema Corte sobre la rigurosidad del debido proceso cada vez que traten con pruebas periciales, testimonios y escenas de un crimen.
Acteal se habrá convertido en un hito de la historia judicial; sin embargo, en términos de justicia para las víctimas, sólo representa la corrección de un error en la búsqueda de los verdaderos culpables. Tienen razón por eso las organizaciones civiles, como Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, cuando reclaman la impunidad que las autoridades siguen brindando a los responsables reales.
Los reos confesos que actualmente están en El Amate son la punta de una larga y compleja hebra que pude llevar a conocer toda la verdad sobre aquella masacre de Acteal. Cualquier instancia investigadora con un mínimo voluntad podrá develar la verdad si hace las cosas como debe.
Quien diga que la resolución de la Suprema Corte oculta este crimen se equivoca. Gracias a su fallo se podrá procesar a los culpables con un procedimiento que garantice la justicia. No a través de la fe, sino de las pruebas. (El Universal)
