Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) levantaron la mañana de ayer sábado los cuerpos de cuatro de las siete personas asesinadas a balazos el pasado viernes en la comunidad de Polhó, municipio de Chenalhó, entre ellas un niño de tres años.
“El ataque era en contra de los más de 200 desplazados, porque querían acabarnos, pero la gente se defendió”, mencionó Manuel Gómez Velasco, uno de los representantes. Señaló que seis de los fallecidos pertenecían al grupo presuntamente agresor.
Debido a la falta de condiciones para que el personal de la Fiscalía de Justicia Indígena ingresara a la zona, los cadáveres —dos en una camioneta y uno en el piso— permanecieron 18 horas sin ser levantados.
“Ayer [el pasado viernes], 20 para las cinco de la tarde, llegaron hombres armados y directamente nos vinieron a atacar. No sabíamos lo que iba a pasar. Siempre hemos dicho al Gobierno Estatal y Federal que la gente de Santa Martha está buscando la forma de cómo acabarnos. Dispararon para todos lados hacia los desplazados”, afirmó Gómez Velasco.
Agregó que luego de ser “atacados” y de que él resultara herido (Manuel Gómez Velasco), sus compañeros desplazados “se defendieron”, pero aclaró que “no tenemos nada que ver con esos muertos. Hubo balacera”.
Arribo de la Fiscalía
Los funcionarios de la Fiscalía llegaron a las 11:00 horas —de ayer sábado—, acompañados por un grupo de policías estatales. A su arribo encontraron el cuerpo de uno de los hombres tirado junto a su camioneta en medio de la carretera, y a su lado observó un arma de grueso calibre.
El hombre, identificado como Gilberto Pérez Gómez, era presuntamente el jefe del grupo. Tenía el rostro desfigurado porque “lo remataron”, según familiares.
En el interior de la unidad, que presentaba más de 50 impactos de bala, se encontraban los cuerpos Antonio Pérez Pérez, yerno de Gilberto, y el hijo de éste, de tres años.
Los tres cadáveres fueron metidos en bolsas blancas y luego trasladados a la comunidad de Tzanembolom, de donde eran originarios.
Otro de los cuerpos, perteneciente a Oliverio Ruiz, se encontraba enfrente de donde fue la balacera, en la casa de su padre (Fernando Ruiz), dueño de la vivienda en la que viven los desplazados de Santa Martha.
El hombre fue asesinado casi en frente de la casa que ocupan los desplazados, quienes se encuentran en ese lugar desde los primeros días de octubre pasado tras ser expulsados por diferencias internas a causa de disputas agrarias, luego de solucionarse el conflicto por tierras entre el ejido Santa Martha y el municipio de Aldama.
Junto a la camioneta había decenas de casquillos de alto calibre percudidos y varias casas presentaban agujeros por los impactos de bala. Un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue dañado, por lo que el área se quedó sin energía.
De acuerdo con algunos pobladores, Angelina Gómez Pérez, esposa de Gilberto, murió la noche del viernes cuando era trasladada a un hospital; lo mismo que los hermanos Antonio y Gilberto Jiménez Pérez, quienes escoltaban a Gilberto en una camioneta tipo Estaquitas. Asimismo, Amalia y Estela Pérez Gómez, de 11 y 19 años, respectivamente, hijas de Gilberto, están hospitalizadas.
La casa en la que habitan los desplazados se localiza a la orilla de la carretera, en la salida de Polhó, a escasos kilómetros de la comunidad de Acteal.
“El primero que cayó herido fue un desplazado [Manuel Gómez Velasco] y luego atacaron casa por casa”, se declaró.
José Vázquez Gutiérrez, defensor auxiliar de derechos humanos, afirmó que “no hay seguridad para los desplazados… Todas las comunidades tienen mucho miedo”.
Señaló que “fue un ataque contra los desplazados, pero ellos respondieron porque ya estaba muerto Oliver Ruiz, hijo del dueño de la casa en la que viven. Ahí empezó el tiroteo, por eso respondieron”.
Por su parte, Gobierno del Estado informó que “se presume que esta agresión fue entre particulares, y ocurrió cuando al ir circulando por la zona, a bordo de un vehículo, personas fueron agredidas con disparos de armas de fuego”.
Añadió que “inmediatamente después de conocer los hechos violentos ocurridos en la comunidad Polhó, se activó el protocolo de atención para garantizar la seguridad en esa región”.