Alrededor del 60 por ciento de las personas que se dedican a la actividad inmobiliaria lo hacen sin la profesionalización y capacitación necesaria, trabajando fuera del marco legal, sin pagar impuestos. De ahí que muchas de las operaciones inmobiliarias se hagan fuera de la ley.
La presidenta de la sección Tuxtla Gutiérrez de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Marisol Ceballos Labastida, comenta que al no existir una ley que regule esta actividad se abre la puerta a que personas se dediquen únicamente a defraudar.
Los fraudes más recurrentes son en el ámbito ejidal, porque se facilita el hacer contratos de sesión de derechos, de compra-venta, incluso a veces a mano, sin ninguna certeza jurídica para los compradores, en ocasiones con autoridades inmersas, corrompidos por supuestos agentes inmobiliarios.
Para regular la actividad inmobiliaria en Chiapas, las secciones Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas de la AMPI elaboraron una propuesta de iniciativa de ley, la cual entregaron el pasado 28 de junio del presente año ante el Congreso local.
Chiapas es el único estado del sureste del país que no cuenta con una ley inmobiliaria, por lo que esperan que pueda concretarse antes de finalizar el año.
La actividad inmobiliaria es vulnerable para el lavado de dinero, de acuerdo al SAT, otro motivo que recalca la importancia de esta ley. También para estar acorde a la nueva reforma de la ley de extensión de dominio, que influye también en el arrendamiento de propiedades, cuando no se conoce quién está rentando, por confiar en un asesor informal.
La iniciativa de ley busca establecer la profesionalización obligatoria, a través de una acreditación para aquellos agentes con capacitación, dando paso a un padrón oficial.
El objetivo fundamental es el establecimiento de derechos y obligaciones, relacionados con la actividad inmobiliaria, para dar certeza a quienes ante la ausencia de un marco jurídico se ven expuestos a asumir riesgos que en ocasiones los llevan a lesionar su patrimonio.
Así también, establecer procedimientos administrativos de sanción para aquellas personas físicas o morales que realicen la actividad inmobiliaria fuera de los principios éticos y legales.
De acuerdo a Julio César Ramos Martínez, vicepresidente de la sección AMPI Tuxtla, una actividad que se toma en cuenta para sancionar son los sobreprecios, una práctica común de los agentes inmobiliarios empíricos, sobre todo en las comisiones que cobran a los propietarios.
Dijo que desafortunadamente hay mucho desconocimiento sobre los procesos de compraventa, impuestos a pagar y de los cambios en las leyes, lo que conlleva problemas para los vendedores y compradores de inmuebles. Muchos desconocen también el proceso del infonavit.
