Tres millones de pesos habría solicitado la supuesta “luchadora social”, Cintia Alvarado Enríquez, al Ayuntamiento de Tapachula, por una indemnización por daños que presuntamente le fueron causados el 27 de enero del 2020 -durante la administración de Óscar Gurría Penagos-, cuando policías municipales la detuvieron en un enfrentamiento en el parque central.
En el marco del foro legislativo de Justicia Terapéutica, organizado por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Alvarado Enríquez se presentó para supuestamente denunciar que en el denominado “Lunes Negro” fue detenida y torturada en el sótano del palacio municipal junto con campesinos del ejido Pavencul, por lo que exigía el otorgamiento de una indemnización.
Ante ello, la presidenta municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda, aclaró que había solicitado tres millones de pesos para supuestamente “reparar el daño y no seguir con el proceso jurídico”.
Esa exigencia no fue aceptada, porque además “no existe ningún mandamiento judicial en donde se ordene pagar esa cantidad de dinero”, y advirtió que no se hará nada fuera de la ley.
“Es dinero del pueblo; mientras no haya una resolución judicial, efectivamente no se va a pagar nada”, apuntó la alcaldesa.
Alvarado Enríquez, en forma molesta y en presencia de legisladores, servidores públicos federales y estatales, especialistas del derecho y empresarios, abandonó la reunión y en redes sociales lanzó amenazas en contra de familiares de la presidenta municipal.
Foro Legislativo
En el marco del Foro Legislativo, el diputado presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Raúl Bonifaz Moedano, aseguró que los gobiernos del presidente López Obrador y de Rutilio Escandón están respondiendo con firmeza a la demanda de justicia en México y Chiapas.
