Rafael Victorio * CP. Una serie de irregularidades han sido denunciadas en los procedimientos que sigue la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que en tiempo récord -menos de diez días-, ha integrado expedientes, desahogando testimoniales y hasta realizando embargos precautorios, pero sin que los demandados hayan sido notificados y con ello los dejan sin posibilidad de defensa.
El último de los casos de esta naturaleza se dio en contra de la empresa Central Agroquímico y Fertilizantes de Chiapas, cuya representante legal, Verónica Morales Leonardo, lamentó que se violente el Estado de Derecho y ello va en contra de la seguridad jurídica establecida por el gobernador Juan Sabines Guerrero y el nuevo secretario de Gobierno, Noé Castanón León.
El demandante se autonombró depositario
Y es que dijo que Julio Guadalupe Córdova Midence, presentó el pasado 25 de noviembre la demanda laboral que fue asentada presuntamente con el número J/O/365/2008, en contra de la empresa, propiedad de su extinto padre Carlos Córdova López, cuya heredera universal es Morales Leonardo y el 5 de diciembre pasado, fue ordenado el embargo de bienes muebles e inmuebles por la cantidad de 708 mil 273 pesos en el expediente E/P/05/2008.
No hay tal situación en este aso
Pero consideró que ello se hizo en forma por demás fuera de la legalidad, en virtud que hasta ahora no ha sido notificada de la demanda laboral y es más, ningún expediente laboral es iniciado y determinado en diez días, incluso muchos llevan anos sin resolverse.
Un vehículo que fue embargado, se encuentra en posesión del propio demandante, quien se autonombró depositario.
La empresaria consideró que no existen motivos para ese procedimiento, toda vez que la empresa no se encuentra en quiebra y ella tampoco está vendiendo la misma, aparte que, de acuerdo con el Artículo 862 de la Ley Federal del Trabajo, sólo se considerará necesaria la providencia cuando el solicitante compruebe que el demandado tiene diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas promovidos por terceros en su contra, situación que en este caso no existe.
Consideró que la presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en Tapachula, María Guadalupe Flores Estrada, ha violentado la ley, no solamente en éste sino en otros casos.
Puso como ejemplo el caso de los hermanos Ángelo y Ramón Salvatore Constanzo Ceballos, a quienes ordenó un embargo precautorio de bienes por la cantidad de un millón 340 mil 481 pesos, en el expediente E/P/08/2006.
En este caso el Juzgado Tercero de Distrito otorgó a los afectados el amparo 77/2007, que echa abajo el embargo precautorio por la forma ilegal de la actuación del organismo que a pesar de ello no lo ha retirado, violentando su derecho.
Llega la petición
Por ello, Morales Leonardo pidió la intervención directa del gobernador Sabines Guerrero y del secretario de Gobierno, Noé Castanón, así como del titular de la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje, Fernando Buenrostro Silva, en virtud a que considera que la presidenta del organismo en Tapachula, está actuando fuera de la ley.
