Desplazados del ejido Puebla, que pertenecen al municipio de Chenalhó, tomaron la caseta de cobro Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas, bajo la justificación de que acumularon seis días sin que la autoridad entregara la alimentación que requieren, informó Araceli Cruz López, vocera de los afectados.
Entrevistada sobre el tema, justificó las acciones que realizó una representación de las 254 personas que fueron desplazadas de sus propiedades desde el 2016 y que, desafortunadamente, no han encontrado las condiciones adecuadas para retornar al municipio.
Comentó que dentro de la actividad incluyeron una cuota “voluntaria” para todos los automovilistas que pasaron por el lugar, para que ese dinero se ocupe para comprar los insumos que requieren las 56 familias afectadas y, particularmente, los menores de edad.
En un pronunciamiento alterno, el Centro de Derechos Humanos Ku´untik informó que este caso se llevó hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a fin de que las autoridades faciliten los enseres necesarios para la supervivencia.
Los alimentos, explicó Cruz López, los tiene que entregar la autoridad cada ocho días, sin embargo, en otras ocasiones los retrasos llegan hasta dos meses sin que exista una reposición de lo que no se entrega, situación que ha provocado un malestar social en este grupo.
Las personas desplazadas viven en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, en un espacio que antes se utilizaba como una granja avícola; no cuentan con las condiciones sanitarias adecuadas; la atención que reciben en materia de educación y salud es nula; tampoco tienen medicamentos o doctores que los auxilien en esta época de pandemia.
Con relación a los 120 infantes que están en situación de desplazamiento, insistió, es importante que la autoridad asigne a un docente para que se impartan actividades académicas, debido a que los niños carecen de todo equipo tecnológico para recibir clases a distancia.
Las condiciones del inmueble donde habitan, relató, están mal hechas, son de asbesto, no cuentan con ventanas y tampoco puertas, cada hogar alberga hasta tres familias. Estas personas llevan casi una semana sin recibir un sólo gramo de tortilla por parte de las autoridades, tampoco tienen líquidos para consumir y menos los alimentos básicos que demandan.
La justificación de las instituciones para posponer la entrega de la ayuda humanitaria, dijo, es que no hay recursos en las arcas estatales, situación que ha obligado a los desplazados a realizar actividades de bloqueos-voteos en diferentes puntos.
Aunque los desplazados fueron expulsados del ejido Puebla desde el 2016, hasta el momento los responsables de estos hechos no han sido sancionados; según lo denunciado, desde hace varios años en la zona opera un grupo paramilitar y son ellos los que no permiten el ingreso de las autoridades para realizar todas las investigaciones.
Finalmente, pidieron a las autoridades a que realicen las investigaciones necesarias y a fondo para sancionar a las personas que cometieron el desplazamiento y que, en los casos más graves, terminó con la vida de varias personas.
