Julio César Pérez Ruiz, defensor independiente de los derechos humanos, denunció ante los medios una serie de presuntos actos de persecución política en el ejido San Cayetano, municipio de El Bosque, entre las que destacan detención arbitraria de un habitante de esa comunidad.
Detalló que dichos actos empezaron desde el 2022, cuando el grupo lidereado por José Napoleón Gómez Gómez, alcalde de El Bosque, empezó a presionar a la población de ese municipio, lo que derivó en la división de la comunidad en dos grupos.
Acoso
Pérez Ruiz señaló que esta disputa recrudeció el acoso y los actos de persecución en contra de quienes no comparten los ideales del edil y ahora la detención de un integrante, únicamente por no alinearse a sus intereses.
El defensor cedió la palabra a la señora Virginia López, quien detalló que su esposo Alfonso Díaz Díaz fue detenido el sábado 4 de enero, mientras este realizaba labores de agricultura frente a su vivienda, y sin motivo aparente, elementos de la Policía Municipal de El Bosque arribaron a su domicilio y sin ninguna orden de aprehensión se lo llevaron.
“Lo detuvieron cuando ahí estaba echando fertilizante en una milpa enfrente de mi casa, de repente llegaron policías del comisariado de ejidal con el agente municipal y lo detuvieron, se lo llevaron sin motivo alguno, ya cuando yo bajé a preguntar por qué lo habían detenido me dijeron que no sabían nada, que nada más recibían órdenes”, sostuvo.
La señora Virginia agregó que los policías le dijeron que fuera más tarde para que le dijeran porqué estaba detenido su esposo, y cuando regresó le dijeron que fue por venta de cerveza, no obstante, aún no han presentado pruebas en su contra.
“Como no hay pruebas, no hay nada, entonces me dijeron que tengo que pagar una cantidad de multa de 20 mil pesos, y yo le dije que no puedo pagar porque vamos al día con mis hijos”, aseveró.
Por lo anterior, pidieron a las autoridades estatales que intervengan para que los ciudadanos detenidos injustamente en el municipio de El Bosque sean liberados y que se termine el control de este grupo, que desde que inició este trienio en octubre pasado, mantiene estas tarifas de cobro de multas tras detenciones arbitrarias.