Denuncian contubernio entre la representante de una sociedad cooperativa y personal de la delegación de Movilidad y Transporte en Tapachula, que en flagrante violación a la ley y abuso de poder despojaron a una mujer de las placas de un colectivo que cubre la ruta entre ese municipio y comunidades de la zona media, situación que violenta los derechos para prestar el servicio público de pasaje, con el objetivo de beneficiar a una persona ajena a la actividad.
El señalamiento por parte de socios fundadores de la cooperativa Ámbar de Chiapas, ligada a la señora Natividad Duque y a la organización de Bersaín Miranda, es que esta y sus familiares se han confabulado con personal de la delegación de Movilidad y Transportes, a cargo de Miguel Agustín Galdámez Culebro, para cometer atropellos en contra de transportistas que se oponen a sus intereses.
Estos amparados a que en la cooperativa Ámbar de Chiapas se integraron ex miembros de la cooperativa Soconusco con su respectiva acción (ruta, placas y unidad colectiva), no obstante, advierten que buscan apropiarse de los derechos como transportistas y quitar físicamente las placas para colocarlas en unidades de su propiedad y usufructuar los derechos.
En el caso de la señora Guadalupe Hernández, ex socia de la cooperativa Soconusco y socia activa de Ámbar de Chiapas, se indicó que fue citada con la unidad de transporte a las oficinas de la delegación de la SMyT.
Estando en ese lugar y sin bases legales, los señalados protegidos por funcionarios procedieron a quitarle las placas al colectivo con la finalidad de entregarlas a Lesvia Duque, quien no tiene ninguna acción en la cooperativa y cuya actividad no es el transporte, ya que se dedica a la matanza de puercos.
Ante este hecho, la denuncia por la actuación del personal de la SMyT es por intereses de los funcionarios que se han convertido en jueces y parte, por lo que la afectada hará una petición al gobernador de Chiapas para que intervengan y eviten este tipo de atropellos.
Además de que acudirán ante las autoridades competentes en materia de aplicación de la ley y justicia para que, a través de un juicio, se respeten los legítimos derechos.
