El edil de Socoltenango, Javier Mazariegos Guillén y el delegado de Gobierno de la Región VI, Gregorio Jordán Morales Hernández, fueron acusados de estar detrás del desalojo del predio Brasilia, la tarde de ayer en ese municipio, por lo que entablaron un amparo para continuar con el litigio por la vía legal y con ello mostrar los intereses que ambos políticos mantienen para despojar de 344 hectáreas a un centenar de campesinos.
Matías Morales López, representante del grupo de copropietarios del predio Brasilia, ubicado en el municipio de Socoltenango, indicó en un escrito que el predio fue adquirido por un grupo de 34 campesinos en el año de 1993 a la señora María Clementina Reyes Borraz.
Desde esa fecha lo han venido poseyendo, en forma pacífica, continua, ininterrumpida, en calidad de dueños al adquirir el predio en 175 millones de pesos viejos; lugar en donde fundaron las localidades de Unión Campesina y Lázaro Cárdenas, la cual es habitada por más de un centenar de campesinos.
Pero por intereses partidistas, el pasado mes de septiembre, los 34 copropietarios fueron citados para una reunión sobre la problemática existente con el predio Brasilia, en donde les dieron a conocer que deberán de desalojar los terrenos de dicha propiedad, por lo que ayer llegaron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y un grupo de personas para desalojarlos, pero sin presentar ninguna orden de desalojo.
Para evitar un enfrentamiento, las 34 personas evitaron llegar al lugar, por lo que dieron a conocer que recurrieron al derecho de amparo y protección de la justicia federal, escrito que hicieron llegar al juez de Distrito en turno en materia penal en el estado.
Afirmando que llegarán a las últimas instancias para recuperar el predio de 344 hectáreas que adquirieron de manera legal en 1993, responsabilizando de lo que ocurra al edil de Socoltenango, Javier Mazariegos Guillen y al delegado de Gobierno de la Región VI, Jordán Morales Hernández, a quienes acusaron de estar detrás de este desalojo por intereses partidistas.