El Órgano Superior de Fiscalización (OSF) debe de auditar los recursos públicos que otorgó el Congreso de Chiapas, al Consejo Municipal a cargo de Ovidio García Santos y José Alfredo Toledo Blass.
Ilegalmente ejercieron y malgastaron los recursos económicos que asciende a más de 50 millones de pesos en casi nueve meses, además, dejaron de pagar nómina a más de 200 trabajadores que no han abandonado sus puestos y que actualmente siguen laborando para el ayuntamiento de Arriaga; se les adeuda seis quincenas.
Al revocar la sentencia que emitió la Sala Federal del Tribunal Electoral Regional, con sede en Xalapa, Veracruz, estos funcionarios se les debe exigir en qué derogaron los recursos del erario público y deben ser auditados.
Ovidio García Santos y José Alfredo Toledo Blass tienen denuncias en cada una de las instancias competentes por actos ilícitos cometidos en su carácter de presidentes encargados.
Desde que estos funcionarios estuvieron ejerciendo el cargo, apagaron las Cámaras de Vigilancia del CCTV, por lo que existió el aumento del robo en comercios y casa habitación.
Sin autorización y conocimiento de la síndica municipal, Alma Ruth Gutiérrez Vera, se agarraron todo el combustible y no lo emplearon a los carros oficiales para brindar el servicio de varias áreas.
“Esto pasa cuando no se tiene la capacidad para estar preparados y estudiados para asumir un cargo de representación en el Congreso de Chiapas”.
