Ante la injerencia de funcionarios de la Delegación de Gobierno para liberar una unidad pirata detenida en operativos contra el transporte irregular en la zona media alta de Tapachula, concesionarios protestaron en las oficinas de la Delegación de Transporte, exigiendo que se aplique la Ley y que se llame a cuentas a quienes, mediante favores personales, pretenden provocar situaciones de enfrentamiento y perturbar la paz social.
Tanto la subdelegación de Gobierno como la Delegación del transporte en esta zona, pretenden liberar unidades irregulares (piratas) que circulan hacia el ejido Zaragoza, adheridas a la MUPI, una organización campesina que no pertenece al transporte.
Protesta
En entrevista, Nayeli Figueroa Carrillo, representante legal de transporte Chicharras, señaló que la protesta se funda en la petición que hicieron a través de un documento para que no se libere una unidad pirata detenida y puesta a disposición del Ministerio Público.
Además, denunció que hay dos operadores políticos de la Subsecretaría de Gobierno, Álvaro Aguilar Moreno y Luis Francisco Aguilar Guillén, quienes tratan de negociar la Ley para liberar esas unidades piratas, generando problemas.
Sus unidades han sido protagonistas de enfrentamientos con los concesionados; han tenido accidentes en los que no se hacen responsables de la atención de los usuarios; problemas entre conductores de las unidades piratas y concesionados.
Señalan que por el contrario, al concesionado que cumple con los requisitos sí se le sanciona en el mejor de los casos, ya que en otros son secuestradas impunemente sus unidades por esos grupos que buscan competir de manera ilegal con el transporte organizado debido a que cuentan con el apoyo de operadores políticos que buscan beneficiarlos, convirtiéndose en gestores para la liberación de unidades piratas cuando son detenidas, como es el caso actual.
Los concesionarios advirtieron que de liberar las unidades piratas, se organizarán para protestar exigiendo que se cumpla la ley, por lo que evidenciarían a los operadores políticos que buscan beneficios personales apadrinando y fomentando la corrupción en el transporte.
