Acusan a regidora por tráfico de influencias

El pasado 26 de enero, la avenida Miguel Alemán Sur, específicamente el salón de fiestas “Los Girasoles”, fue el escenario de un accidente donde se vieron involucrados dos tripulantes de una motocicleta, quienes terminaron impactando a una menor de edad.

Datos recabados por este medio informativo señalan que el motociclista, identificado como Alejandro Balbuena “N”, fue el presunto responsable del accidente, siendo él y su acompañante asegurados y detenidos por cinco elementos de la Policía Municipal.

Debido a las fracturas y lesiones graves que le provocó el accidente a la menor de edad, fue necesario su traslado a un nosocomio y posteriormente a una unidad médica particular, para una mejor intervención que garantizara su recuperación.

Sin embargo, los uniformados recibieron instrucción de la regidora suplente Patricia Balbuena Domínguez, para que liberaran de inmediato a los dos motociclistas y con ello evadir su responsabilidad. No obstante, la familia de la víctima interpuso una denuncia por estos hechos ante el agente del Ministerio Público Investigador, Eduardo Masiel Gutiérrez Citalan, de la Fiscalía en Huixtla.

Hoy, a más de 20 días de los sucesos, pareciera que la aplicación de la justicia no es pronta ni expedita, toda vez que el MP pretende darle carpetazo a este asunto. Mientras que la funcionaria vocifera “a los cuatro vientos” que el Ayuntamiento, a través del alcalde, brinda una serie de apoyos a la Fiscalía y además brinda ciertos privilegios al personal de esta dependencia.

Cabe señalar que se trata de un accidente donde hubo una víctima y que los daños son severos, y ante lo cual el o los presuntos responsables no han dado la cara hasta este momento, a pesar de que ya existe una denuncia en su contra. Por lo que el llamado es hacia el fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Juan Carlos Alfaro Cruz, y al titular de la FGE, Olaf Gómez Hernández, porque no sólo este caso existe, sino que hay otros también donde la corrupción está a flote y aún más la ineptitud de los servidores públicos, quienes únicamente están a la orden del mejor postor.