Familiares de reclusos y habitantes de Acapetahua viajaron a la capital del estado para denunciar públicamente lo que llamaron “condiciones inaceptables de reclusión y abusos contra la vida de la comunidad”, de lo que responsabilizaron a las autoridades penitenciarias del Cerss Número Nueve, que lo mismo abusan de los internos que de pobladores en las calles.
La denuncia, en voz de Ramiro Acuña y Matilde Juarez, familiar y habitante del municipio, respectivamente, está basada en dos hechos específicos: evidencias de violencia y extorsión contra los prisioneros, además de tráfico de artículos ilegales dentro del penal.
La segunda evidencia es el “levantón” que uniformados a bordo de una camioneta negra utilitaria del penal y sin placas, realizaron contra una mujer, esposa de un interno, a quien intentaron llevársela por la fuerza, hecho relatado por las propias autoridades policiales municipales.
Los denunciantes explicaron que en el Centro de Readaptación Social (Cerss) número Nueve con sede en Acapategua, los internos están amenazados para que entreguen dotes de dinero a cambio de no ser golpeados y respetar la integridad de sus familiares.
Además, presuntamente por órdenes de Severiano Miranda, como autoridad interna, y del director Rafael Valencia Zárate, encierran a los reclusos que no “pagan” y a los nuevos en una habitación que inicialmente era utilizada para atención de un centro de Alcohólicos Anónimos, pero ahora es utilizada para golpear y castigar a los presos.
Además, son obligados a guardar silencio respecto del tráfico de artículos y sustancias irregulares que circulan en el interior del penal.
Por ejemplo los denunciantes evidenciaron el caso del preso Juan Carlos Murillo, quien hace dos días fue atacado a palos por los celadores, quienes le rompieron la cabeza y actualmente está encerrado sin ser atendido de las heridas.
Además, a la esposa de un recluso que no “pagó” a tiempo, intentaron subirla a una camioneta negra sin placas al servicio del penal, y posteriormente los celadores se pasearon por la comunidad “chuleando” a las mujeres de la zona y deteniéndose a comprar alcohol.
Ante el cúmulo de irregularidades, solicitan la inmediata intervención de las autoridades para frenar los abusos y ademas, dijeron, buscarán dar parte a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
