Diversas organizaciones civiles y redes de derechos humanos enfocadas en la protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) externaron su preocupación por la aprobación del decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, las cuales, expusieron, limitan la gratuidad del registro de nacimiento.
El pasado 13 de diciembre de 2022, legisladores locales aprobaron dicha reforma argumentando que está acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley que dijeron tiene disposiciones contrarias al pleno ejercicio del derecho humano a la identidad, el cual está protegido por el artículo 4.º constitucional, que contempla en su artículo 21 Bis medidas que atentan contra la gratuidad para la primera acta de nacimiento, cuando se trata de registros extemporáneos.
En la reciente modificación se plantearon cobros asociados a la extemporaneidad y medidas como el cobro por constancias de inexistencia, las cuales, en la reforma, se elevaron un 33 %.
“Considerando que Chiapas es el estado con mayor rezago en el registro oportuno de nacimientos, lo que se requiere es la eliminación de las barreras de orden económico a favor de las familias, así como el fortalecimiento del Registro Civil para que tenga el presupuesto necesario para prestar sus servicios en todos los municipios de manera suficiente y oportuna”, subraya el comunicado firmado por 23 asociaciones nacionales e internacionales.
También detallan que la actual reforma representa un obstáculo para la garantía del derecho a la identidad; además contraviene la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 106/2020 del 19 de abril de 2021
Esta señala que “el cobro de derechos por registro extemporáneo ha quedado proscrito en México y ninguna ley estatal puede fijar plazos que permitan el cobro del registro o de la primera copia certificada del acta de nacimiento”.
Por lo anterior, las redes y organizaciones hicieron un llamado para que en el próximo periodo de sesiones se presente el paquete de armonización legislativa, “tanto para salvaguardar el orden constitucional, como para abatir el rezago en el registro oportuno de nacimientos que impide el ejercicio del derecho humano a la identidad que prevalece en gran magnitud en la entidad”.
