En rueda de prensa en la instalaciones del Club Condesa, la copropietaria del lugar, Alejandra López Baltazar, señaló a trabajadores de la Secretaría de Salud del estado (SS) de realizar supuestas extorsiones exigiendo cantidades monetarias para que su negocio siga funcionando.
Denunció a Rafael de Jesús Domínguez Cortés, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la SS, y a Martín Alfredo Liévano Jiménez, coordinador de Brigadas de Salud, quienes supuestamente han incurrido en discriminación por tratarse de un bar no estereotipado por la orientación sexual.
Y es que el mencionado club se trata de una bar nocturno abierto a todo el público pero pensado en la comunidad homosexual, transgénero y travesti, ubicado sobre el bulevar Belisario Domínguez, en la denominada “zona dorada”, llamada así por la alta concurrencia de personas que acuden a distintos establecimientos de distracción.
“Desde el mes de mayo del año pasado el sitio comenzó a funcionar debidamente, pero estas personas cerraron el lugar por presuntas irregularidades, como fue tener exceso de telarañas, que los botes de basura no contenían las señalizaciones correspondientes, entre otras irrisorias”, señaló López Baltazar.
En esa ocasión el lugar se mantuvo cerrado por tres meses, tiempo que consideraron exagerado ya que se trataba de irregularidades que se podían remediar en diez días, sin embargo efectuaron las modificaciones señaladas y volvieron a funcionar.
Desde el momento de la reapertura se comenzaron a suscitar las presuntas extorsiones, ya que Domínguez les exigió cuotas exhorbitantes, según la afectada, a cambio de seguir funcionando, de lo contrario les volvería a cerrar el club.
De igual manera, los funcionarios mencionados también les han comentado que debido a la personas que acuden a mencionado club, deberían de instalarse en otro sitio de la ciudad que esté más “escondido”.
Ante la negativa de acceder a realizar este tipo de pagos, los atrás señalados han aumentado el acoso y las cantidades, por ello la afectada ha denunciado esta situación ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su homóloga estatal, así como también ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
“Nosotros como empresa generamos empleos, tenemos a aproximadamente 50 empleados, algunos de ellos tienen familias que se sostienen de este negocio. Siempre he pensado que si pagamos tenemos los mismos derechos”.
